La Audiencia Nacional dio ayer un varapalo a la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso. El tribunal ha establecido que la juez no es competente para mejorar el grado de presos etarras con el fin de que accedan a la libertad condicional. Con esta decisión, la Audiencia decreta nulo el tercer grado concedido en junio del 2002 al colaborador de ETA Kepa Narbarte, condenado en 1998 a ocho años, que le permitió acceder a la libertad condicional

La sección tercera de lo penal de la Audiencia determina que el auto de libertad condicional es nulo "por manifiesta falta de competencia objetiva" de la juez para adoptar esa decisión. Los magistrados se han definido únicamente en la cuestión de competencia. Señalan que la juez Alonso decidió reclasificar al penado en tercer grado "de oficio", sin que mediara petición expresa del recluso o un recurso de éste contra la negativa del centro penitenciario a concedérselo.

SIN POTESTAD

La juez decretó el tercer grado porque es imprescindible para conceder la libertad. El tribunal estima que una juez de vigilancia penitenciaria no tiene potestad para revisar el grado de los penados, aunque sí para decretar la libertad una vez que éstos acceden al tercer grado o para revisar una decisión en contra de la mejora adoptada por la Administración penitenciaria. En este caso, la prisión denegó la progresión del recluso, pero éste no recurrió.

En el auto no se hace ninguna valoración sobre el fondo del recurso presentado por la fiscalía de la Audiencia Nacional contra la libertad condicional de Narbarte, porque la resolución de la juez Alonso ya es "nula de pleno derecho" y por tanto no cuestiona las alegaciones del fiscal sobre la falta del requisito de buena conducta en el expediente del etarra. El fiscal mantenía que el preso seguía bajo la disciplina de ETA.

Narbarte ha cumplido las tres cuartas partes de la condena de 8 años que le había sido impuesta en 1998 y llevaba en libertad condicional desde junio del año pasado. El pasado martes fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión para asegurar la efectividad del recurso resuelto ayer.