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ANIVERSARIO DE UNA INSTITUCIÓN JUDICIAL

Audiencia Nacional: de ETA a la corrupción y el yihadismo

El alto tribunal cumple 40 años y en sus juzgados se han sentenciado los grandes casos de este país

 

Francisco Correa (en primer término) y Luis Bárcenas, en la vista celebrada en la Audiencia Nacional. - AFP / EFE / CHEMA MOYA

EFE
06/01/2017

La Audiencia Nacional cumple cuarenta años, cuatro décadas en las que este tribunal ha pasado de perseguir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo de ETA a investigar los grandes casos de corrupción y los procedimientos relacionados con el yihadismo.

Los atentados del 11-M, el envenenamiento masivo por el consumo de aceite de colza, las extradiciones en su totalidad y hasta el convenio con Estados Unidos son algunos de los casos más importantes de este tribunal, considerado el más mediático del país por la relevancia de los casos investigados y juzgados.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato sale del juicio por el caso de las tarjetas 'black'.
Pero también los procedimientos contra los primeros delitos monetarios, Lasa y Zabala, Nécora, Banesto, KIO, el proceso 11/98 contra el entorno de ETA, la trama 'Gürtel'o las tarjetas black.

Tanto es así que por aquí han desfilado presidentes de los grandes bancos, los cabecillas y terroristas más sanguinarios de ETA, narcotraficantes, estrellas de fútbol, y militares de la dictadura argentina como Adolfo Scilingo, condenado a más de mil años de cárcel por delitos contra la Humanidad.

Precisamente la Audiencia Nacional ha alcanzado notoriedad fuera de España también por perseguir crímenes más allá de nuestras fronteras en aplicación de la justicia universal, como cuando el juez Baltasar Garzón dictó una orden de detención en octubre de 1988 contra el dictador chileno Augusto Pinochet.

DE LA TRANSICIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El presidente de la Audiencia Nacional, Jose Ramón Navarro, recuerda en un escrito dirigido a los medios que la Audiencia Nacional "surgió en unos momentos muy delicados de la Transición española" para perseguir el crimen organizado y el terrorismo así como para crear los mecanismos de cooperación jurídica internacional, algo en lo que esta institución fue "visionaria".

Navarro, en el cargo desde 2014, destaca en especial el trabajo de magistrados, fiscales y funcionarios que a lo largo de estos años ha permitido que "hoy pueda considerarse que ETA ha dejado de atentar", una experiencia que considera sumamente útil para afrontar el fenómeno del terrorismo yihadista, con un número de casos creciente en este tribunal.

De hecho, el terrorismo siempre ha estado vinculado a la Audiencia Nacional no solo por perseguirlo sino por ser objeto de graves atentados.

En septiembre de 1989 fue asesinada la fiscal Carmen Tagle, en febrero de 1990 resultó herido con paquete-bomba su entonces presidente, Fernando de Mateo Lage, y en junio de 1996 otro paquete-bomba hirió al magistrado José Antonio Jiménez Alfaro.

Al margen del ámbito penal, el presidente de la Audiencia Nacional, que tiene rango de presidente de Sala del Tribunal Supremo, ensalza la labor de las salas de lo Contencioso Administrativo que han conocido los recursos contra las resoluciones más trascendentes de la Administración, así como aquellas de los Social que han manejado los grandes asuntos del mundo laboral.

LAS COMPETENCIAS

Con sede en Madrid, ejerce su jurisdicción en toda España, y es el órgano que más poder concentra en el ámbito de la instrucción de procesos penales, al tener atribuidas competencias sobre los delitos económicos de gran magnitud, tráfico de drogas organizado, delitos cometidos fuera del territorio nacional, extradiciones y terrorismo.

La Audiencia Nacional está integrada por seis juzgados centrales de instrucción penal y las cuatro Salas: De Apelación, Penal, Contencioso-administrativo y Social. Además, están adscritos a la Audiencia doce juzgados centrales de lo contencioso, un juzgado central de lo penal y un Juzgado de Menores.

Su origen se remonta a los primeros años de la Transición, en enero de 1977 bajo la presidencia de Gobierno de Adolfo Suárez y con Landelino Lavilla, como ministro de Justicia.