Justicia universal. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió ayer imputar al exministro de Defensa de Israel Binyamin ben Eliezer y seis militares de alto rango por un presunto crimen contra la humanidad durante un ataque aéreo contra Gaza en el 2002 con el objetivo de asesinar al entonces jefe de la rama militar de Hamás, Salah Shehade. La operación se saldó con la muerte, además del líder islamista, de 14 civiles, 11 de ellos niños y bebés, además de 150 heridos. Israel ya ha anunciado que se va a emplear a fondo para frenar la investigación.
El Centro Palestino por los Derechos Humanos presentó la querella el pasado año. Sin embargo, el juez se resistió a abrir un proceso hasta que Israel comunicara que investigaba los hechos o lo había hecho. Ante el silencio de Tel-Aviv, Andreu ha abierto una investigación, 12 días después del fin de la última operación israelí en Gaza.
UNA TONELADA. Los hechos denunciados en la demanda son muy similares a la tragedia que hoy asuela Gaza. El 22 de julio del 2002, entre las 23.30 y las 24 horas, un avión de combate israelí F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza. Su objetivo era la casa de Salah Shehade. La bomba cayó en la vivienda del jefe de Hamás, pero destruyó también la de la familia Mattar, situada a dos metros del objetivo y cuyos siete miembros fallecieron en el ataque.
Al margen de las víctimas mortales y los heridos, otras ocho casas fueron destruidas, nueve lo fueron parcialmente y 21 sufrieron daños moderados.
Para el magistrado, que cita doctrina de los tribunales Constitucional y Supremo, España tiene competencia para investigar estos hechos porque pueden ser constitutivos de un delito de genocidio, terrorismo y torturas. Delitos perseguibles internacionalmente y que no prescriben. Además, insiste en que la operación israelí fue "un ataque armado dirigido a acabar con la vida de una persona presuntamente perteneciente a una organización terrorista". A pesar de ello, considera que los hechos son perseguibles aunque exista un conflicto bélico o armado entre Israel y Hamás.
Andreu se declara competente para investigar por qué Israel decidió lanzar la bomba para matar a un líder de Hamás, a pesar de "las consecuencias que tal acción podría conllevar". Por ello, afirma que estos hechos son "un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo, pues el mismo tendría por objeto la comisión de un asesinato". Y que este acto "ha de ser perseguido" porque el ataque "es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva". Además, el magistrado avanza que, si se prueba que la operación "responde a una estrategia preconcebida", podría dar lugar "a una calificación de los hechos distinta y aún más grave de la que inicialmente puede considerarse".
El juez pide a Israel que informe al exministro de Defensa y a los militares afectados del contenido de la querella para que se preparen a declarar cuando les cite. También pide a Tel-Aviv que le autorice a desplazarse a Gaza para escuchar a los palestinos que han denunciado los hechos y a los testigos de este drama.
LA REACCION. Fuentes fiscales explicaron ayer que se habían solicitado una serie de pruebas al juez antes de que este se declarara competente. Asimismo, las fuentes consultadas se negaron a adelantar si la fiscalía recurrirá la decisión del magistrado. La Audiencia ha investigado otros crímenes contra la humanidad porque entre las víctimas había ciudadanos españoles, como ocurrió con Argentina y Chile (caso Pinochet ). Sin embargo, ahora actúa como un tribunal penal internacional.
Por otra parte, otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha de decidir si admite a trámite una querella similar presentada por la Asociación Intercultura contra líderes políticos y militares israelís por la última ofensiva sobre Gaza.
