La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado como testigo para el próximo 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y ha ordenado diligencias para averiguar "quien ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de 2017". Pérez de los Cobos coordinó el operativo policial el día de la consulta.

La Guardia Civil ha apuntado en alguno de sus informes que determinados altos cargos de la Generalitat que estaban siendo investigados por los preparativos del 1-0 podrían haber recibido protección por parte de los Mossos para evitar que fueran seguidos o vigilados por miembros del instituto armado.

En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 acepta la práctica de diligencias propuestas por los investigados en este procedimiento Josep Lluis Trapero, exmayor de los Mossos, y la intendente Teresa Laplana, y rechaza otras por considerarlas "innecesarias en este momento".

Entre las diligencias que se acuerdan se encuentra librar oficio a los Mossos d'Esquadra a fin de que remita el Plan Operativo, denominado dispositivo AGORA, el acta de creación de la comisión TIC para la seguridad y protección de los miembros del Gobierno, autoridades de otras instituciones y otras personalidades e informe acerca de si este ente recibió en septiembre y octubre de 2017 encargo de aplicar las medidas de seguridad determinadas personas, con indicación del nombre y cargo de las mismas.

INSTRUCCIONES DE LA FISCALÍA

Además, la magistrada solicita a la Fiscalía Superior de Cataluña y Fiscalías Provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona que remitan copia de todos los informes y escritos presentados por los Mossos en cumplimiento de las distintas instrucciones dictadas por la Fiscalía Superior de Cataluña relacionadas con el referéndum suspendido.

La magistrada también requiere a la división de asuntos internos de la Dirección General de la Policía un informe sobre la existencia de información reservada a los efectos de investigar actuaciones concretas e individuales de algunos miembros de los Mossos, fecha de incoación, incorporación de vídeos a la misma, diligencias de investigación practicadas y estado de tramitación de la misma, información que debe ser completada, dice el auto, en relación al número de expedientes finalmente abiertos y resoluciones que hayan, en su caso, recaído.

Igualmente requiere a la Prefectura de la Policía a fin de que aporte copia de la instrucción 16/2013, de 5 de septiembre, sobre la utilización de armas e instrumentos de uso policial, así como la instrucción 11/2014, de 30 de abril, de modificación de la anterior.