Siete años ha tardado la Audiencia Nacional en sentenciar que Egunkaria --un periódico que se editaba íntegramente en euskera-- no tenía ninguna relación con ETA y que la imputación de cinco directivos se debió a "meras especulaciones" y al empecinamiento del juez instructor Juan del Olmo, la Guardia Civil y las asociaciones Dignidad y Justicia y Víctimas del Terrorismo. Ayer, la mayoría de los partidos expresaron su satisfacción por el fallo, que ahora permitirá a los procesados y a los propietarios del diario solicitar una indemnización al Estado.
La sentencia no deja lugar a interpretaciones. De hecho, como resumen concluye que las acusaciones --la fiscalía solicitó la absolución-- "no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA", ni han acreditado "ni directa ni indirectamente" que Egunkaria "haya defendido los postulados de la banda". La Guardia Civil tampoco investigó "si la línea del periódico era o no de apoyo" a dicha organización.
Por si este rapapolvo no fuera suficiente, los jueces explican a su exsubordinado --Del Olmo se ha trasladado a Murcia-- que no tenía cobertura legal "ni constitucional" para ordenar el cierre del diario en febrero del 2003. "Ninguna norma habilita de manera precisa y directa al juez para suspender provisionalmente" la actividad de un periódico, sostienen. En su opinión, la clausura "afectó a derechos e intereses de múltiples personas --editores, profesionales de la información, escritores de prensa, colaboradores, suscriptores, lectores habituales y esporádicos-- y de la propia sociedad", añaden.
IMPUTACIONES INCONSISTENTES Los jueces reprenden a Del Olmo por no haber optado por otras alternativas, sobre todo cuando "el análisis de la línea informativa permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos o soporte de actividad criminal". El tribunal, presidido por Javier Gómez Bermúdez, es especialmente duro con los que han mantenido vivo este proceso hasta el punto de que tacha de inconsistentes las imputaciones. "Las acusaciones han invertido el proceso inductivo. Primero se ha decidido cuál es la conclusión, de la que se predica, sin base, que es indiscutible. Luego se buscan las señales, vestigios o indicios. Y, por último, se rechaza cualquier sentido o explicación de estos que no apoye la conclusión".
La Audiencia Nacional acusa además a las asociaciones Dignidad y Justicia y Víctimas del Terrorismo de no haber probado que ETA utilizó a los acusados. Según el tribunal, estas asociaciones recurrieron a la tesis de que "lo que se ve no es lo que parece y lo que se ve no es lo que es", al sostener que la banda utilizó a personas que no tenían una clara vinculación con ella para "engañar" a la sociedad.
Además, los magistrados ofrecen unas elementales reflexiones sobre la cultura vasca. Afirman que "la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado o controlado por ETA es una errónea valoración de datos y hechos". Y añaden que "los que se opusieron al primer trazado de la autovía de Leizarán, los que hablan y escriben en euskera, los que conservan y fomentan la cultura autóctona vasca o los que son contrarios a las drogas o las torturas" no pertenecen a ETA.
MALOS TRATOS La Audiencia acusa asimismo a Del Olmo de no ejercer "un control suficiente y eficiente" del estado de incomunicación de los imputados, que denunciaron malos tratos.
Queda aún pendiente otro juicio, en el País Vasco, en el que se resolverá si el diario financió a ETA. Después, el Estado deberá indemnizar a los imputados y a los propietarios.
