Continúa la polémica. La fuga de la etarra Maite Aranalde dio lugar ayer a un encendido debate sobre el acierto o no de la decisión del juez Eloy Velasco de dejar en libertad a la terrorista con una fianza de 12.000 euros. Una decisión que fue revocada el lunes por el juez Baltasar Garzón, quien el martes dictó una orden de busca y captura contra Aranalde.
Los jueces cerraron filas ayer y la policía exigió una mayor coordinación judicial. La Audiencia Nacional examina hoy la actuación de Velasco y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará sobre este asunto tras recibir una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Velasco por presunta negligencia.
El presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, informará hoy a la sala de gobierno de este tribunal de los datos que ha recabado sobre el caso. Algunos miembros de la Audiencia que se han informado sobre las circunstancias que llevaron a Velasco a tomar esa medida consideran que este juez cometió un error que no merece ser sancionable. Probablemente, esta posición se impondrá en la reunión de hoy. Estas fuentes sostienen que Velasco no conocía el caso, ya que sustituía al titular del juzgado, Garzón, que estaba de vacaciones. Por ello, entienden que Velasco ignorara que Aranalde está procesada en otro sumario por colocar bombas en Madrid en el 2004.
Las asociaciones judiciales salieron ayer al paso de las críticas que ha recibido Velasco. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) pidió un esfuerzo para "unificar" criterios y evitar la inseguridad jurídica que genera que se dicten medidas tan dispares como la libertad y la prisión. Por su parte, la progresista Jueces para la Democracia señaló que la excarcelación no fue una medida "extravagante". En la misma línea se pronunciaron los sindicatos policiales, que también reclamaron mayor coordinación judicial. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rompió una lanza a favor de Velasco. "Es un juez serio que trabaja seriamente y al que le debe mucho la lucha antiterrorista", subrayó.
LAS REACCIONES El PP vasco fue ayer tajante y Antonio Basagoiti reclamó que se imponga "un buen paquete" a quien resulte responsable del desaguisado, "ya sea un juez o un alto cargo". Adujo que si un ciudadano cualquiera comete un error de tal calibre en su trabajo "ya estaría en la calle".
No menos contundente fue la también popular y presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, al confesar su "rabia e impotencia". El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, esquivó la polémica y recomendó que lo mejor es "tomar nota" de lo que ha pasado y "reflexionar" para que no se repita más.
