La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) realizará por primera vez en sus 22 años de vida una auditoría para comprobar si existen o no las irregularidades y corruptelas denunciadas en acta notarial por su expresidenta Ana María Vidal Abarca. La revisión de las cuentas se produce después de que la revista Interviú desvelara el pasado lunes la existencia de un posible despilfarro de las subvenciones públicas que recibe la AVT.
La decisión de llevar a cabo una auditoría sobre los cinco últimos ejercicios cerrados (de 1997 al 2001) fue comunicada ayer por el secretario general de la entidad, Rafael Villalobos, en una tensa rueda de prensa en la que la presidenta, Sonsoles Alvarez de Toledo, recabó el apoyo de los medios de comunicación: "Después de tantos años de trabajo en soledad, no nos merecemos esto". La presidenta se refería a las informaciones sobre las posibles irregularidades económicas a costa de las subvenciones de varios ministerios.
El detonante de la crisis fue el acta notarial que la expresidenta Vidal Abarca ordenó levantar el 16 de abril pasado para dejar constancia de que renunciaba a su cargo porque se había "despilfarrado dinero".
REPROCHES A LA DENUNCIANTE
El secretario general de la AVT reconoció la existencia del documento notarial y reprochó la actitud de Vidal Abarca después de tantos años al frente de la asociación. La denunciante es vicepresidenta en la actualidad de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que preside Adolfo Suárez.
Villalobos admitió que el extesorero de la AVT, Juan Antonio Corredor, había gastado 71.121 euros (12 millones de pesetas) durante el último año con cargo a una tarjeta de crédito de la propia asociación. "Algunos medios han hablado de 18 millones de pesetas (108.000 euros), pero el gasto ha sido de 12 millones de pesetas y la auditoría dirá si se despilfarró el dinero". El secretario general aclaró que todos los viajes y la asamblea general se habían pagado con esa tarjeta.
Villalobos, que anunció acciones "civiles y penales" contra Interviú y El Mundo, negó que el Ministerio del Interior haya congelado la subvención de 174.300 euros (29 millones de pesetas) que les concedió en el 2001 por no haber justificado el gasto. La asociación recibió el 75% de esa cantidad y debía de justificar su uso para percibir el 25% restante. Según Villalobos, "las facturas originales han sido presentadas y cuando el ministerio nos comunique lo que tenemos que subsanar lo haremos y nos integrará la cantidad pendiente".
