La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha solicitado al Ministerio del Interior que aclare si el Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta incumplió durante la operación Duna --que permitió detener a 11 presuntos islamistas en Ceuta el pasado martes-- el protocolo de seguridad que se ordenó después de los atentados del 11-M.
Este protocolo obliga a los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a intercambiar datos sobre las investigaciones. La iniciativa de la AUGC se debe al malestar causado en los servicios de información de la Guardia Civil ceutí, tras conocer a la vez que el resto de la opinión pública el desenlace del operativo del Cuerpo Nacional de Policía.
Según fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, los servicios de información de este cuerpo también seguían la pista del grupo radical. Además, existe la confirmación de al menos dos viajes de agentes de la Guardia Civil a Madrid para entrevistarse con el juez Juan del Olmo y entregarle los datos de sus investigaciones sobre el grupo radical.
Sin embargo, dicen, no obtuvieron el permiso del magistrado para detener a los presuntos radicales, al considerar que los contenidos de la investigación y las escuchas no eran pruebas suficientes.
