El Gobierno probó ayer la cicuta de la derrota parlamentaria. El Congreso derrotó su primer proyecto de ley para reformar la justicia. La ausencia de 18 diputados del Grupo Socialista impidió sumar la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante la reforma de la ley del Poder Judicial que pretendía reforzar el consenso en el sistema de renovación de cargos judiciales. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene en consecuencia su poder para imponer sus candidatos en el Supremo. El alto tribunal debe renovar en enero cuatro presidentes de Sala y siete magistrados.

"REVES" PARA LOPEZ AGUILAR El "revés" para el Gobierno, como lo calificó el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ocurrió en el Pleno del Congreso en la mañana de ayer. A la sesión faltaron 56 diputados, 18 de ellos del PSOE. La ley de reforma del Poder Judicial era tan importante para el Ejecutivo de Zapatero que había forzado su tramitación por el trámite de urgencia y en lectura única, un procedimiento que acorta el tiempo de aprobación y entrada en vigor.

A pesar de la premura del Gobierno por limitar el poder conservador en la justicia, más del 10% de los diputados del grupo que sustenta al Ejecutivo faltó a la votación, que requería mayoría absoluta para prosperar por el carácter orgánico de la ley reformada.

El proyecto del Gobierno salió derrotado con 169 votos a favor, 124 en contra y una abstención. Necesitaba 176 síes para prosperar. Entre las ausencias se contaron la del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y los ministros José Antonio Alonso, José Montilla y Carmen Calvo. Tampoco estuvieron el presidente del Congreso, Manuel Marín, y la vicepresidenta primera de la Cámara, Carme Chacón, ambos socialistas. El portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, asumió el "error imperdonable" y anunció sanciones "máximas y tajantes" para los ausentes.

El futuro de la reforma depende ahora de la interpretación del Reglamento del Congreso que hagan los letrados de la Cámara. El PP se apresuró ayer a exigir que la norma sea devuelta al Gobierno, para iniciar el trámite legislativo desde el principio.

Ello impediría que fuera aprobada antes de finalizar el periodo de sesiones, que concluye en diciembre, y permitiría a la actual mayoría conservadora del CGPJ seguir imponiendo los nombramientos de altos cargos judiciales.