Un ovillo de hilo con más de dos puntas de las que tirar. Así de sorprendente es el auto que el juez Baltasar Garzón redactó el viernes pasado por la noche y que conllevó el encarcelamiento sin fianza del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; uno de sus principales colaboradores municipales, Manuel Dobarco; los exaltos cargos de Convergència Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, y el exdiputado del PSC Luis García, este último engranaje fundamental de la trama, pues se le atribuyen poderes y maneras semejantes a las de Juan Antonio Roca en Marbella o Francisco Correa en el caso Gürtel.

Esos y otros imputados en libertad bajo fianza son el núcleo de la acusación del magistrado, pero el auto parece esconder bajo la línea de flotación decenas de detalles sin aclarar. Tanto es así que ayer el alcalde de Badalona, Jordi Serra, pidió una dimisión y la Generalitat anunció una investigación en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

EL PROCEDIMIENTO El juez de la Audiencia Nacional siembra de incógnitas el terreno al describir el funcionamiento de la trama. Sostiene que los imputados recibían la adjudicación de proyectos municipales que dejaban en estado de hibernación por inviables económicamente hasta que, pasados los meses, el ayuntamiento recalificaba el plan y entonces la red revendía el negocio a un precio, evidentemente, muy superior. Aunque con variantes, Garzón sostiene que ese ha sido el procedimiento ilícito desarrollado en Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. No obstante, solo en Santa Coloma hay cargos municipales detenidos.

"El contacto de Luis de Andrés en Badalona era Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona". Esa frase en la primera línea de la tercera página del auto (Luis de Andrés es el exdiputado Luis García) precipitó ayer que el alcalde de Badalona, pese a la presunción de inocencia, pidiera por escrito a Ruiz que renuncie al cargo.

Otro ejemplo del desconcierto que puede haber causado el auto del magistrado de la Audiencia Nacional es el párrafo que cabalga entre las páginas 9 y 10. En él se mencionan una serie de conversaciones, supuestamente telefónicas, entre cuatro de los imputados (Muñoz, García, Dobarco y Pascual Vela) y también el actual gerente del Incasòl, Emili Mas, referidas a la emisión de facturas falsas.

No afirma el juez que Mas participara en la comisión de un delito, pero, ayer, como un resorte, el Incasol se vio en la obligación de aclarar la cuestión a través de un comunicado.