El juez Fernando Grande-Marlaska impuso ayer una fianza de 12.000 euros a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) para que pueda ejercer la acción popular. La AVT tiene cinco días para presentar el aval. Esa fianza se pide a todas las personas físicas o jurídicas que se personan en un proceso.
El juez toma esa medida después de que el fiscal se haya negado a ejercitar esa acusación por considerar que EHAK no ha cometido ningún delito.
