El Gobierno anunció ayer una inmediata reforma del Código Penal para que los presos de ETA con delitos de sangre pasen 30 años encarcelados, incluso si se arrepienten y abjuran de la violencia.
En plena crisis por el desastre ecológico del petrolero Prestige, José María Aznar precipitó ayer este cambio legal --ideado desde septiembre pero sin fecha de ejecución-- al avanzar que se convertirá en anteproyecto de ley el 3 de enero, aunque el titular de Justicia, José María Michavila, había asegurado a los grupos parlamentarios que no les enviaría el texto hasta febrero.
El viernes próximo, en la primera reunión del Consejo de Ministros del 2003, se aprobará el borrador de la ley que cambiará los artículos 36 y 78 del Código Penal. Aznar materializará así con siete años de retraso su promesa electoral --adquirida en 1996-- de imponer a los terroristas el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Ante el comité ejecutivo de los populares, reunido ayer con carácter extraordinario, el presidente del Gobierno y del PP afirmó que el objetivo de la reforma es que "no salga tan barato penalmente ser terrorista".
OBLIGACION PARA EL JUEZ
El ministro de Justicia, José María Michavila, ofreció más detalles sobre el proyecto en un encuentro con periodistas. Explicó que la normativa vigente concede a los jueces la potestad de decidir sobre qué pena --si la impuesta por los tribunales o la máxima legal de 30 años-- se computa el cumplimiento de dos tercios de la condena para obtener la libertad condicional.
Con la modificación del artículo 78, el juez quedará obligado a hacer el cálculo sobre la condena total cuando sea el doble o más de la máxima legal, con lo que el delincuente cumplirá por fuerza 30 años de cárcel.
La modificación del artículo 36 busca, según Michavila, que los etarras y otros delincuentes mayores sólo accedan al tercer grado penitenciario cuando, como criterio general, hayan cumplido al menos la mitad de la condena.
El titular de Justicia rechazó la propuesta del PSOE de dejar un margen al terrorista para que obtenga beneficios penitenciarios mediante el arrepentimiento. "Con fingir un falso arrepentimiento o pedir perdón a sus víctimas, un terrorista no tiene derecho a salir de la cárcel", sentenció Michavila, quien añadió que es una "ingenuidad" pretender acabar con ETA "permitiendo falsos arrepentimientos".
El ministro aseguró, además, que la iniciativa no vulnera el principio constitucional de la reinserción social. También opinó Aznar, ante la dirección de su partido, que los dos nuevos artículos del Código Penal son "plenamente compatibles con la Constitución" y pretenden perfeccionar el ordenamiento jurídico penal para evitar "supuestos de práctica impunidad".
Por contra, algunas asociaciones judiciales, como la mayoritaria UPM o Jueces para la Democracia, han pedido "cautela" y una "reflexión" al respecto.
