Tres leyes de extranjería en apenas tres años. José María Aznar anunció ayer que el viernes, a sólo 48 horas de las elecciones locales y autonómicas, el Consejo de Ministros volverá a reformar la ley de extranjería, que ya modificó de cabo a rabo en el 2000 y retocó de nuevo el pasado enero.
El presidente aseguró que este "importante" cambio, en parte motivado por una sentencia adversa del Supremo, servirá para "reforzar" los mecanismos de "control y expulsión" de los inmigrantes irregulares. El texto promovido por el ministro del Interior, Angel Acebes, se solapará en su tramitación parlamentaria con la reforma acometida en enero para propiciar la expulsión de los delincuentes sin papeles.
Fomentar la inmigración legal y reforzar "claramente" la lucha contra la irregular. Estos son, según Aznar, los objetivos de esta nueva reforma, los mismos que pregonó el Gobierno al promulgar la ley en vigor. Dos años después, la avalancha de sin papeles sigue sin ser atajada mientras la fórmula arbitrada por el Ejecutivo para propiciar la llegada de extranjeros con contrato laboral sólo benefició el pasado año a 3.113 inmigrantes.
"LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA"
Al inaugurar en Madrid un seminario sobre la UE, Aznar justificó esta "actualización" legal para aprovechar "la experiencia adquirida" en estos dos años, incorporar al ordenamiento español las últimas directivas comunitarias y dar respuesta a las "observaciones" del Supremo, que en marzo anuló 13 preceptos del reglamento que desarrolla la norma.
El jefe del Ejecutivo garantizó que este texto sí facilitará la llegada de extranjeros con permiso de trabajo, además de "cerrar resquicios" al tráfico de inmigrantes sin papeles . Y todo ello manteniendo "íntegramente" los derechos otorgados a los inmigrantes, entre los que no figuran el del voto ni muchos otros.
Aznar sólo enunció parte de las medidas. Resaltó que los extranjeros que obtengan el visado en su país de origen recibirán a la vez los permisos de residencia y de trabajo; que será más fácil echar a los sin papeles; y que se reforzarán las sanciones a los irregulares y a las mafias de la inmigración, en cuya persecución se implicará a los transportistas. Garantizó también que pondrá su "mayor empeño" en consensuar la reforma con los grupos de la oposición a fin de alcanzar "un gran acuerdo".
CRITICAS GENERALIZADAS
Partidos y colectivos sociales criticaron ayer, en mayor o menor medida, el anuncio de Aznar. La socialista Consuelo Rumí acusó a Aznar de hacer "electoralismo" con una reforma que, a su juicio, refleja el "estrepitoso fracaso" de sus políticas de inmigración. Con todo, Rumí mostró la disposición de PSOE a negociar la reforma.
Gaspar Llamazares (IU) inscribió la iniciativa en la "política de propaganda" de Aznar, y Artur Mas condicionó el apoyo de CiU a la cesión de competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña. En nombre de los marroquís afincados en España, Mustafá Elmerabet censuró el sesgo electoralista de la reforma.
