El Gobierno impulsó ayer su primera reforma legal para abortar el plan Ibarretxe. Sin contar con el PSOE, el PP revisará el Código Penal en el Senado para crear dos nuevos delitos: la convocatoria del referendo con el que Ibarretxe quiere legitimar su proyecto y la negativa a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, por la que el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, ya está imputado. Ambos delitos se castigarán con entre tres y cinco años de cárcel.
El titular de Justicia, José María Michavila, elevó ayer al Consejo de Ministros un informe que, cuando se convierta en ley, permitirá al Gobierno encarcelar a Juan José Ibarretxe si sigue con su reforma estatutaria.
El Código Penal en vigor ya impone hasta tres años de prisión a las autoridades que cometan el delito de "usurpación de funciones", en el que incurriría Ibarretxe si convoca un referendo sin autorizarlo el Gobierno.
PRISION E INHABILITACION Se aplicará esta figura penal a la "autoridad o cargo público" que, atribuyéndose competencias que no le corresponden, convoque o autorice elecciones o "consultas populares por vía de referendo". A los cargos públicos o funcionarios que colaboren a celebrar el referendo, "una vez acordada la ilegalidad del proceso", se les podrán imponer hasta tres años de prisión y seis de inhabilitación, y a los interventores que supervisen el referendo, hasta 12 meses de cárcel.
A estos dos nuevos artículos del Código Penal se sumará un tercero orientado a procesar a Atutxa si persiste en su negativa a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, heredero de Batasuna en el Parlamento vasco. Por desoír la orden del Tribunal Supremo de dejar sin grupo a los diputados aberzales, el presidente de la Cámara de Vitoria y otros dos miembros de la Mesa acudirán el próximo miércoles al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Los tres están imputados por desobediencia, penado con hasta 12 meses de multa y un máximo de dos años de inhabilitación.
Pero antes de que concluya este año, cuando entre en vigor la reforma, Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU/EB) podrán ser procesados por un delito castigado con penas de entre tres y cinco años cárcel. No por azar, la conducta descrita en el nuevo artículo del Código Penal se ajusta a la que hasta ahora ha protagonizado el presidente del Parlamento vasco.
LA ORDEN DEL SUPREMO Si Atutxa no disuelve Sozialista Abertzaleak, podrá ser condenado a la pena más alta de las fijadas --cinco años de prisión-- por incumplir la sentencia del Supremo que le ordenaba hacerlo.
En circunstancias normales, tan relevante proyecto penal exigiría al menos un año de tramitación parlamentaria. Pero en vez de dejar la iniciativa en manos del Gobierno que surja de las urnas, Michavila ordenó ayer al PP que la cuele en el Senado a través de un proyecto en fase de conclusión: la ley orgánica de arbitraje. Norma que no guarda relación alguna con la reforma penal, pero cuyo carácter orgánico permite, al menos formalmente, acometer cambios en otras leyes de su mismo rango, como el Código Penal.
COMPROMISO ROTO Una vez más, el Gobierno rompió su compromiso, recogido en el pacto antiterrorista, de acordar con el PSOE toda reforma legal sobre ETA y a su entorno. Precisó Michavila que ayer mismo había "informado" a los socialistas, extremo negado por Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas del PSOE.
Pero mientras el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, estaba dispuesto a negociar la reforma, López Aguilar no dudó en juzgarla de "propagandística" y la tildó de "un profundo disparate".
