El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la personación del PP en la trama corrupta porque en la investigación ha encontrado pruebas contra aforados de este partido. La investigación, de momento, apunta a un alto cargo de Madrid y a otro de Valencia que pueden haber sido sobornados por el jefe de la trama, Francisco Correa.
El PP pidió ejercer la acusación particular para apartar a Garzón de la investigación a través de una recusación. Pero el juez ha atajado esta maniobra al aclarar --en solo 20 líneas-- a los populares que "no pueden ostentar" la condición de perjudicados porque "existen serios indicios de que personas vinculadas o integrantes de esta formación política podrían tener responsabilidad penal en esta causa".
Garzón revela que ha pedido un informe al fiscal sobre la conveniencia de remitir los datos que tiene contra los aforados a los tribunales competentes, los tribunales superiores de justicia, a los que corresponde investigar a los cargos autonómicos. Fuentes de la investigación han adelantado que las personas bajo sospecha son el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que mantiene su fuero como diputado autonómico, y un alto cargo de la Generalitat valenciana cuyo nombre no ha trascendido.
LAS POSIBILIDADES La fiscalía anticorrupción emitirá su dictamen la próxima semana. El ministerio público baraja varias posibilidades. Las fuentes consultadas recuerdan que la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta cuestión es muy clara, ya que ha establecido que los jueces de instrucción deben llevar a cargo una mínima investigación antes de inhibirse. La causa de Garzón se encuentra, en estos momentos, "muy, muy al principio".
La policía trabaja a marchas forzadas para volcar la información intervenida en los registros de Madrid, Valencia, Sotogrande (Cádiz) y Marbella. Fuentes de la investigación confirman que en los papeles se encuentran pagos a otros líderes del PP, pero no se ha podido avanzar más hasta que los agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado hagan su informe.
Por ello, la fiscalía podría solicitar a Garzón que espere a contar con los informes policiales antes de remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid las pruebas que ya tiene contra López Viejo y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia los indicios del alto cargo de la Generalitat. Además, fuentes de la investigación no descartan que la lista de aforados se amplíe en las próximas semanas a medida que la policía analice la documentación. De momento, no ha aparecido ningún congresista o senador, según las fuentes consultadas. Por este motivo, aún no han decidido si lo aconsejable es esperar o ir desgajando ya la causa de Garzón.
En cualquier caso, el PP ya sabe que "no existe ningún perjuicio, al menos jurídicamente hablando, único ámbito al que se refiere esta resolución", para su partido en la causa. El juez sostiene que el perjuicio sería para "las administraciones o instituciones" a las que pertenezcan las personas afectadas, "alguna de ellas ya imputada".
El magistrado aclara a Rajoy que no puede ser ni acusación ni tampoco imputado en este proceso porque un partido político es "una persona jurídica" que no tiene responsabilidad penal.
Con esta decisión, el juez cierra la vía para la recusación que le presentaron los populares por interés directo o "enemistad manifiesta". Garzón no ha valorado los motivos de esta recusación y advierte de que su decisión es firme ante su juzgado, pero que existe la opción de recurrirla ante la sala penal.
LA REACCION El dirigente popular Federico Trillo confirmó ayer que el PP recurriría la decisión del juez, cuyos argumentos consideró "jurídicamente impresentables". Anoche, el partido hizo público que lo haría en "las próximas horas" en el juzgado de guardia correspondiente. La Comunidad de Madrid iba a personarse asimismo en la causa. Sin embargo, se prevé que tampoco lo conseguirá.
El Consejo General del Poder Judicial abrió ayer unas diligencias por la denuncia presentada por el PP contra Garzón por haber asistido a una cacería junto al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El poder judicial investigará si Garzón ha cometido una falta de desatención de sus funciones.
