Batasuna está pendiente de la situación legal de Arnaldo Otegi. El portavoz de la formación ilegalizada declarará el miércoles por los disturbios que se produjeron en Euskadi con motivo de la huelga general convocada por los aberzales el día 9. El juez Fernando Grande-Marlaska podría revisar la situación de libertad provisional en la que se encuentra y enviarle a prisión. Pese a la incertidumbre, dirigentes de Batasuna evitaron exigencias sobre la situación de su portavoz.

Hasta el día 22, fecha en la que ETA anunció el alto el fuego, dominaba la impresión de que el juez le enviaría a prisión. "Ahora no sabemos qué es lo que acabará pasando", apuntaron en Batasuna con medida prudencia.

El juez ya decidió enviar a prisión a Juan María Olano y a Juan José Petrikorena, otros dos de los encausados por la convocatoria de huelga para el pasado día 9, que también se encontraban en libertad provisional. Además, para Rafa Díez y Pernando Barrena fijó sendas fianzas de 100.000 y 200.000 euros, respectivamente.

El sacerdote Alec Reid, mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, vaticinó, en declaraciones a este diario, que el encarcelamiento de Otegi traería "problemas" y precisó que, con un alto el fuego en vigor, los británicos "jamás hubieran mandado a la cárcel" a Adams.

No fueron los únicos llamamientos en este sentido. El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga (EA), pidió el viernes que se mantenga a Otegi en libertad porque, "si se quiere", la ley lo permite. Los socialistas vascos admiten su rechazo a la posibilidad de encarcelar a quien es interlocutor y referente de la izquierda aberzale. El presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, consideró en una entrevista publicada ayer por el diario El Correo , "desde el pleno respeto a la justicia", que "determinadas medidas cautelares podrían replantearse a la luz de este escenario".

Según el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, la ley se puede interpretar de una forma "benévola", como durante la tregua de ETA de 1998, cuando la fiscalía varió de "forma drástica" su criterio a la hora de solicitar penas.