El ministro de Fomento, José Blanco, comparece esta mañana en el Congreso para informar sobre las decisiones que ha tomado el Ejecutivo a lo largo del último año en relación al servicio de tránsito aéreo y los controladores.

El ministro se ha mostrado muy duro y contundente contra el sector de los controladores y ha reiterado que "el desafío de los controladores ha supuesto un desafío en toda regla a la soberanía nacional".

A su juicio, los controladores deberían someterse a un juicio ético tras el abandono de sus puestos de trabajo, el pasado puente, de gran parte de ellos. Y ha utilizado como símil: "Es como si un cirujano abandonase el quirófano a mitad de una operación".A petición propia, el titular de Fomento detalla los cambios normativos producidos entre el decreto del 5 de febrero y el del 3 de diciembre, que llevó a que 440 controladores abandonaran su puesto de trabajo.

En estos 10 meses las disputas entre AENA y los controladores han sido continuas. El momento más crítico, antes del plante del puente de la Constitución, se produjo durante el mes de agosto, cuando estos profesionales amenazaron con una convocatoria de huelga sin llegar a precisar nunca las fechas en que se produciría.

Días de tensión

El resultado de esos días de tensión fue la firma el 13 de agosto de un preacuerdo de convenio entre Aena y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) que debería haber cristalizado en un acuerdo definitivo antes de fin de año.

Desde entonces, pese a dicho preacuerdo ha habido disputas por temas como la incorporación de 47 alumnos controladores formados en Senasa, el paso atrás del Gobierno admitiendo que los mayores de 57 años siguieran en frecuencia, el cómputo de las horas de trabajo o el cambio de los dispositivos de ayuda en los aeropuertos canarios.

Retrasos

El efecto en los aeropuertos, según han denunciado de forma continuada las aerolíneas, ha sido una generalización de los retrasos provocada por la actuación de los controladores.

Además de detallar estos cambios normativos, Blanco podría resolver dos incógnitas que siguen abiertas: si el Gobierno pedirá al Congreso la prórroga del estado de alarma y qué medidas tomará para garantizar la normalidad del tráfico aéreo tras el fin de dicho estado de alarma