Los ministros de Defensa y de Interior, José Bono y José Antonio Alonso, manifestaron ayer sus diferencias sobre las escalas realizadas por aviones de EEUU en el aeropuerto de Palma de Mallorca en enero pasado, cuando transportaban bajo custodia de la CIA a supuestos terroristas islamistas a cárceles secretas.

Alonso dijo que, de confirmarse las informaciones, "estaríamos ante hechos gravísimos, no tolerables", y respaldó la investigación judicial que ha sido elevada a la Audiencia Nacional a partir de un informe realizado por la Guardia Civil. Bono, en cambio, negó que el CNI advirtiera a la CIA sobre los riesgos de esas escalas. "No tenemos indicios ni pruebas de que se haya producido ningún hecho delictivo y, por tanto, no estamos en disposición de poner en la picota a un Gobierno el norteamericano que es amigo y es aliado", añadió el ministro.

INVESTIGACION JUDICIAL El Gobierno reconoció la existencia de escalas de las llamadas cárceles aéreas en el aeropuerto de Son Sant Joan cuando el 17 de octubre pasado respondió por escrito al líder de IU, Gaspar Llamazares, que la Fiscalía de Baleares había abierto una investigación que fue archivada. Añadió que dos juzgados de instrucción de Mallorca tramitaban diligencias por esos hechos y que "aún no está acreditado ni se tiene ninguna certeza de que los aeropuertos españoles hayan sido utilizados por aviones de la CIA en secuestros ilegales".

Aunque Bono dijo que "el CNI no tiene informes y no pueden invocarse como hecho probatorio", Llamazares pidió que comparezcan el jefe de los servicios secretos y el titular de Interior en la comisión de secretos oficiales y exigió al Gobierno que reclame aclaraciones sobre las escalas, también en Tenerife, al Gobierno de EEUU.