El ministro de Defensa, José Bono, ordenó ayer una "reorganización profunda" del Estado Mayor de la Defensa antes del 1 de enero y aplazó la destitución de dos oficiales relacionados con la contratación del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares el 26 de mayo del 2003 cuando regresaban de Afganistán.

Bono había anunciado los ceses de los militares que ocupaban la jefatura del Estado Mayor Conjunto (Emacon) y la División de Operaciones en el pleno del Congreso del jueves, en el que explicó el accidente del Yak y los acusó de no haber hecho "adecuadamente su trabajo".

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó al término de la reunión del Consejo de Ministros que el asunto de los "ceses" quedará en el ámbito de las competencias del ministro de Defensa y argumentó que "las responsabilidades no pueden situarse exclusivamente en el ámbito militar". En referencia al exministro Federico Trillo, dijo que su dimisión como diputado "pertenece al ámbito de la autoexigencia o de la conciencia personal de cada uno". De la Vega remarcó que "el Gobierno ha cumplido con sus compromisos de transparencia, búsqueda de la verdad y apoyo a las víctimas".

TRAMITE PREVIO La decisión de Bono de aplazar el pase a la reserva del exjefe del Emacon, general Juan Luis Ibarreta, que firmó la contratación de los aviones de las repúblicas exsoviéticas y en la actualidad ocupa el segundo mando de la Fuerza Aérea, así como del exjefe de la división de operaciones y actual comandante del cuartel marítimo de alta disponibilidad, José Antonio Martínez Sáiz-Rozas, fue atribuida en fuentes militares a la preservación del derecho de éstos a ser oídos antes de llevar al Consejo de Ministros su propuesta de cese.

Estas fuentes recordaron que la fulminante destitución de los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, encargados de la repatriación de los fallecidos sin haber realizado la identificación de 30 de ellos, le ha originado problemas al ministro, ya que Beltrán, al que Bono calificó de "atrabiliario" en el debate del jueves, ha recurrido judicialmente su cese "por nulidad".

Por su parte, el general Carlos Gómez Arruche, actual director de la Guardia Civil y exjefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Levante (Malev), del que dependían los planes de vuelo de sostenimiento a las tropas en Afganistán, matizó ayer al portavoz del PP, Eduardo Zaplana, en una carta en la que dice: "Yo no era el jefe del Mando Aéreo de Levante, sino su subordinado como segundo jefe y jefe de Estado Mayor en el momento de la contratación" del Yak.

PALABRAS DE ZAPLANA Durante el debate del pasado jueves, Zaplana responsabilizó a Arruche de los posibles errores y acusó a Bono de proponer su nombramiento como director de la Benemérita. "Eso de ascender a unos y censurar a otros militares en función de quién me pase un papel no es honrado", afirmó el portavoz popular.

En su nota, Arruche niega toda relación con la contratación del avión siniestrado, que realizaba el Emacón, y señala que sus funciones se referían a la "coordinación de los planes de carga de los aviones que apoyaban las misiones".