El Ministerio de Exteriores ha enviado esta semana una carta a la Conselleria d'Acció Exterior para recordarle la obligación del Govern de solicitar un informe previo al Ejecutivo ahora de Pedro Sánchez por cada nueva delegación en el extranjero que quiera abrir. La emisión del informe equivale, lógicamente, a la expedición de un visto bueno. Es decir, es una manera de tutelar la acción en el extranjero de las sedes de la Generalitat
Fuentes de la 'conselleria' de Ernest Maragall afirmaron a este diario que no les "constaba" la llegada de ninguna misiva del Gobierno.
Ningún informe
Según fuentes de Exteriores, el Gobierno catalán no ha solicitado nunca ningún informe a pesar de que asi lo estipula la ley, en aras de que la acción exterior de las autonomías no choquen, competencialmente, con la del ministerio, así como para mantener una línea diplomática homogénea.
La ausencia de peticiones por parte del Govern derivó en una actuación judicial que, la aplicación del artículo 155, dejó en suspenso. Ahora, el Gobierno exige que la Generalitat pida este dictamen y, por tanto, el visto bueno del Gobierno, tanto para la reapertura de las ‘embajadas’ que el 155 cerró como para aquellas que sean nuevas. En caso contrario, advierte al ministerio que dirige Josep Borrell, el Gobierno central podría emprender acciones judiciales.
