La defensa política del procés se agrieta en los tribunales, sometida a las tensiones contradictorias que emergen en las declaraciones de los líderes independentistas: ¿fue icónica o real la declaración unilateral de independencia (DUI) del Parlament? Los principales dirigentes soberanistas discrepan. La exdiputada de la CUP Mireia Boya sostiene que fue efectiva, no un manifiesto cosmético, sino la traducción legislativa del mandato de las bases, y que si no llegó a implementarse fue porque la aplicación del 155 la dejó en el limbo. La interpretación que Boya hizo ayer ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena choca con lo que el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell declararon ante el mismo magistrado en Madrid. Ambos sostuvieron que la DUI aprobada por la Cámara catalana el 27 de octubre carecía de validez jurídica.

Forcadell la describió como «declarativa y simbólica». Junqueras defendió que tenía un «valor estrictamente político». No solo lo aseveró ante el juez, sino que ayer mismo el exvicepresidente volvió a ratificar esa interpretación y la incluyó en el recurso planteado ante el Constitucional para salir de prisión, documento en el que argumenta que la DUI «no fue seguida de actos jurídicos que la materializasen».

Las contradicciones sobre la naturaleza de la DUI no afectan en lo inmediato a la situación procesal de los investigados en la causa abierta contra el procés, puesto que el elemento decisivo para dictar prisión provisional o libertad es el riesgo de reiteración delictiva y la renuncia a defender la vía unilateral a la independencia. Tanto es así que Junqueras, restando valor a la DUI, sigue en la cárcel de Estremera, mientras que Boya, que opina que la declaración era real y solo fue papel mojado tras el 155, salió ayer del TS sin medida cautelar alguna. Sin embargo, el juez Llarena parece interesado en concretar el valor de lo validado por el Parlament y preguntó a Boya su opinión. La exparlamentaria le explicó que solo «el golpe de Estado» que supuso la aprobación del 155 «truncó» la aplicación de la DUI. Boya respondió durante hora y cuarto a su defensa y al magistrado. Se negó a contestar a la fiscalía y a la acusación particular, ejercida por Vox. Nadie pidió medidas cautelares.

Boya está en el documento EnfoCATs, que el juez considera la hoja de ruta independentista. La exdiputada sostiene que desconocía la existencia del plan. No le preguntó Llarena si acata la Constitución.