La Comisión Europea respaldó ayer a Gran Bretaña y desestimó la denuncia de España contra la nueva normativa electoral de Gibraltar para las elecciones al Parlamento Europeo. El Ejecutivo comunitario declaró que el Gobierno británico "ha organizado la extensión del derecho de voto de los residentes en Gibraltar dentro del margen de discreción concedido a los estados por la legislación de la Unión Europea".
España denunció ante la Comisión esa ley electoral por considerar que viola el Tratado de la UE, al conceder el derecho a voto en esas elecciones a personas que no son ciudadanos de la Unión.
La nueva normativa británica, adoptada en mayo, extiende el derecho a voto a los residentes en Gibraltar que son "ciudadanos de la Commonwealth" con pasaporte británico, aunque no sean ciudadanos del Reino Unido. La Comisión argumentó que en el derecho comunitario no hay nada que impida extender el derecho a voto en las elecciones a la Eurocámara a ciudadanos que no sean ciudadanos de la UE, ni que regule los distritos electorales.
La Comisión se abstuvo de emitir el dictamen jurídico que había pedido España como primer paso para acudir al Tribunal de Justicia de la UE e invitó a ambos países a resolver el contencioso por la vía amistosa.
