El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó ayer en el debate sobre el presunto delito de cohecho del que está acusado el presidente valenciano, Francisco Camps, el valor del concepto de "reproche social". En unas declaraciones a este diario, Caamaño recordó que la "realidad del delito" no está en función de su "cuantía", sino de "los hechos en sí mismos". "Tan delito es robar un millón como 20.000 euros", ejemplificó.

Según el ministro, "el problema no está en las cantidades, sino en el reproche social que merecen algunas conductas en España, en este caso de los cargos públicos, y que, por ello, están tipificadas en el Código Penal. Lo que se sanciona es la conducta". "Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y estamos todavía en una fase previa, pero es verdad que ya hay un auto de un juez que considera razonable la existencia de indicios", recordó el titular de Justicia. Caamaño quiso romper una lanza en favor del magistrado que instruye el proceso. "No puedo entrar a analizar una decisión judicial, pero sí puedo asegurar que nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para garantizar la neutralidad y la independencia del proceso y los órganos judiciales".

PRECEDENTES DUDOSOS El ministro relativizó las denuncias del PP sobre la inexistencia de un precedente en España de juicio a un presidente autonómico con jurado popular. "Si no hay precedente es porque hasta ahora no se había producido una imputación de ese tipo, pero la ley del jurado prevé esa opción. La ley es igual para todos y me parece bien que en este tipo de delitos sea un jurado el que tenga que decidir, ya que creo que los ciudadanos tienen muy buen sentido de la justicia y comprenden perfectamente lo que está bien y mal", concluyó.

De hecho, el Gobierno dejó caer ayer su opinión acerca de la situación judicial de Camps a través de varios de sus representantes, aunque todos eludieron opinar sobre el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el silencio del PP en torno a sus imputados en el caso Gürtel "es cada vez más difícil de justificar". "Llevan demasiado tiempo mirando hacia otro lado y, en política, como en la vida, no se pueden dar lecciones sin dar ejemplo", aseveró posteriormente De la Vega.

INDEPENDENCIA JUDICIAL Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como Caamaño, prefirió destacar la independencia de la justicia. "El estado de Derecho tiene unas reglas y estas funcionan: la policía hace su trabajo, lo hacen la fiscalía y los tribunales, y el ministro del Interior tiene que respetar el estado de Derecho", explicó Rubalcaba.