Ocho años después de que estallase el 'caso Gürtel' llega la primera sentencia judicial. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes', la cúpula de la trama, han sido condenados a penas de entre 12 y 13 años de cárcel por el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana por adjudicación irregular de contratos a la empresa Orange Market de los estands para la feria de turismo FITUR entre los años 2005 y 2009. La entonces consejera valenciana de Turismo, Milagrosa Martínez, ha sido condenada a nueve años de prisión.
Más allá de la causa de los trajes de Francisco Camps, se trata de la primera sentencia por las diferentes causas que hay abiertas sobre la 'red Gürtel' y llega apenas un mes antes de que se inicie en la Audiencia Nacional el juicio por un posible delito de fraude electoral y financiación irregular del PP valenciano en los años 2007 y 2008. Una pieza en la que, además de los cabecillas de la trama, también está acusada buena parte de la cúpula popular de ese momento, incluidos Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, y Ricardo Costa.
En la sentencia conocida este viernes, el tribunal considera probado que los responsables de la 'Gürtel' crearon una trama empresarial para obtener contratos del Gobierno valenciano en diversas ferias de turismo tras realizar distintas actuaciones encaminadas a "manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos". Según el fallo, el grupo de empresas de Correa no tenía medios para ejecutar dichos trabajos, que subcontrataban con terceros, "pero obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes".
ADMINISTRACIÓN CÓMPLICE
El magistrado Juan Climent, ponente de la sentencia, considera probado que esa situación era admitida por la Administración autonómica y sostiene que no solo no se llevó un control efectivo de los pagos, sino que se alteraron los criterios de adjudicación para beneficiar irregularmente a las empresas de Correa, que contaban con información privilegiada, pues conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.
La sentencia condena a Correa a 13 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho activo. Por esos mismos delitos y el de falsedad documental, el tribunal condena a Crespo a 13 años y tres meses, y a 'El Bigotes', a 12 años y tres meses. Otros empleados de la red de empresas, como Isabel Jordán, también han sido condenados, en su caso a seis años de prisión.
CONSEJERA ABSUELTA
Por su parte, la exconsejera y expresidenta de las Corts Valencianes Milagrosa Martínez y su jefe de gabinete, Rafael Betoret, han sido condenados a nueve y seis años de prisión, respectivamente. En el caso de Martínez lo ha sido por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo. Varios funcionarios públicos como Isaac Vidal, Jorge Guarro o Anna Grau han sido condenados también a penas de entre tres y siete años.
La Sala ha absuelto en cambio a la también exconsejera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicios de infraestructuras turísticas de la consejería, del delito de prevaricación administrativa, el único por el que estaban acusados. La de FITUR era una de las seis piezas del 'caso Gürtel' y su sentencia se ha producido casi un año después de acabar el juicio.
PEDIRÁN LA NULIDAD DEL FALLO
El abogado de Francisco Correa, Juan Carlos Navarro, aseguró este viernes que es "muy desproporcionada" la pena y anunció que, además de recurrirla, pedirán la nulidad del fallo ante el Tribunal Supremo. A su salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Navarro explicó que ya había comentado con Correa el fallo y que igualmente lo considera descompensado. Aún así, insistió en que su representado seguirá colaborando con la Fiscalía como ya ha hecho en otras piezas de este mismo caso.
"Claro que vamos a recurrir, es obvio que hay que recurrirla porque es desproporcionada", apuntó Navarro, que añadió que lo es especialmente la condena a seis años de prisión por malversación de caudales públicos. "Es un delito de funcionario y han condenado a seis años a un particular, igual que a un funcionario", apuntó.
"No esperábamos una condena tan alta en malversación, ahí entiendo que es desproporcionado, en lo demás hay cosas que esperábamos", admitió. "Además, le han condenado a tres años por un delito de asociación ilícita, que es un delito que se introdujo al final, sin instrucción y sin investigación", subrayó. "Vamos a plantear la nulidad del procedimiento por un hecho muy concreto, que es que entendemos que la Sala estaba contaminada para conocer esta causa. Son cuestiones técnicas. La Sala resolvió sobre cuestiones de fondo sobre las que no tenía que haber resuelto, por ejemplo. Si eso lo reconoce el Supremo significaría una nulidad del juicio. Pero hay más causas", avanzó.
EL RESTO DE LAS PIEZAS
Navarro admitió que esta sentencia "puede tener consecuencias" en el resto de piezas del 'caso Gürtel' que quedan por juzgar, "porque se divide en dos, una que afecta a la instrucción de todas las causas y otra que afecta a hechos muy concretos". Eso sí, no quiso avanzar en qué sentido puede influir al no haberse leído aún la sentencia de más de quinientos folios.
También indicó que a su defendido "en absoluto" le preocupa el pacto al que han llegado con la Fiscalía Anticorrupción todos los empresarios que serán juzgados a partir del próximo 13 de marzo en la pieza sobre un presunto delito electoral y de financiación irregular del PP de la Comunitat Valenciana en las elecciones de 2007 y 2008 y en el que él también está encausado. "No puedo adelantar cómo será la defensa, pero que los empresarios estén reconociendo hechos a Francisco Correa no le preocupa para nada", aclaró. Además, insistió en que su defendido mantiene la voluntad de colaborar con la Fiscalía. "Lo que sería absurdo es que con la primera causa lo hagamos y con el resto no", recordó. Explicó que lo que ha impedido llegar a nuevos acuerdos "son daños colaterales que no podemos entrar a valorar, no es por falta de voluntad".
LOS FUNCIONARIOS, 'VÍCTIMAS' DE CORREA Y DEL PP
Navarro no fue el único que comentó la sentencia tras haber acudido a recogerla, también lo hizo el abogado de Jorge Guarro, uno de los funcionarios condenados. Manuel Barrios, cuyo representado ha sido sentenciado a cuatro años de prisión, aseguró que se trata de un fallo "excesivo e injusto" y lamentó que "los empleados públicos" se hayan visto arrastrados por la trama que idearon los responsables de la Gürtel y del PP. "Están pagando todo lo que ha pasado", señaló.
