Golpe mediático, relajación excesiva o negligente asesoramiento legal. Alguna de estas tres causas, o la combinación de todas, desembocaron ayer en la detención en la urbanización de La Pineda, en Vila-seca (Tarragona), de Zugaitz Izagirre Ameztoy, miembro de ETA sobre el que pesaba, desde el 7 de mayo, una orden de busca y captura. La operación se completó en San Sebastián poco después con la captura de Regina Maitzegi.

Según fuentes de la investigación, Izagirre no estaba en activo y se encontraba veraneando en casa de su suegro. De hecho, desde el entorno del detenido se aseguró que este no tenía constancia de la orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional y que cada semana se presentaba en comisaría para cumplir con el régimen de libertad provisional que tenía. Tan tranquilo parecía, ajeno a su condición de fugitivo, que esta semana incluso se le vio en el parque temático Port Aventura.

Los arrestos de ayer tienen su origen en otros, de noviembre del 2003, cuando el juez Baltasar Garzón dirigió una operación en Guipúzcoa, Pamplona y Sevilla que permitió capturar a una docena de personas, entre ellas Izagirre y Maitzegi, acusadas de intentar recomponer la infraestructura de ETA. A la espera del juicio, los etarras estuvieron en prisión, pero luego fueron puestos en libertad provisional.

PRESELECCION DE MILITANTES Finalmente, la Audiencia Nacional condenó en mayo a los dos detenidos ayer y a otros tres acusados más --entre los que se encontraba el dirigente de la organización Ibon Fernández Iradi, alias Susper -- a siete años de cárcel. El tribunal impuso a Izagirre siete años de cárcel y a Maitzegi, seis. También fijó varios años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En el caso de Izagirre, la sentencia consideró probado que formaba parte del subaparato de captación de ETA, y que entre las tareas que llevaba a cabo estaba la preselección de los futuros militantes de la banda y la distribución de cartas de reclutamiento. No obstante, el magistrado decidió atenuar la condena (la fiscalía solicitó 10 años de cárcel) para compensar la "dilación injustificada" en la causa, al haber transcurrido más de seis años desde la incoación de las diligencias previas hasta la celebración del juicio oral.

Susper integró a Izagirre en el comando Ezkurra , que facilitaba información sobre posibles objetivos de la banda, aunque no quedó acreditado que llegase a ser operativo y materializase alguna acción. Maitzegi tenía también relación con Fernández Iradi, al que pasó información, aprovechando su condición de concejala de Euskal Herritarrok en el Ayuntamiento de Soraluze (Guipúzcoa) sobre dos ediles del PP y el PSE en ese consistorio.

MANIFESTACION SIN INCIDENTES La doble operación policial coincidió con la celebración en el centro de San Sebastián de la manifestación con que la izquierda aberzale abre tradicionalmente la Semana Grande de la ciudad. Durante la marcha, que contó con la autorización del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, se escucharon gritos a favor de la ikurriña, la independencia de Euskadi y el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco.

No se escucharon consignas directas sobre la banda que pudieran ser interpretadas como un acto de enaltecimiento del terrorismo. Con el mismo objetivo, en las primeras filas tampoco se situó ningún dirigente destacado de la ilegalizada Batasuna. La manifestación, en la que participaron varios miles de personas, concluyó sin incidentes.