Enrique López, el juez de la Audiencia Nacional al que el PP propuso sin éxito como miembro del Tribunal Constitucional, cargó ayer con ironía en contra de la decisión del Senado, tomada el pasado martes, de vetarle, tildándola de "absurda". López vio cortada toda posibilidad de acceder al alto Tribunal porque la Cámara alta creyó que no atesoraba los 15 años de ejercicio profesional como juez exigidos.

ENTRENADOR López, que lleva 21 años como juez, lamentó y criticó que no se le computaran los siete años en los que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial. Para ello, echó mano de un símil. Aseguró que la actuación del Senado equivaldría a que "la selección española exigiera 10 años de entrenador en primera división", pero no aceptara a quien lo ha sido en la liga inglesa.

El juez afirmó que el criterio aplicado por la mesa del Senado supone "por lo menos una interpretación absolutamente absurda". En declaraciones a Onda Cero, López subrayó que la decisión de la Cámara alta es recurrible ante el Constitucional, pero dio el caso por cerrado: "Estamos ante un acto formalmente consumado". El juez aludió a las "constantes descalificaciones" sufridas, y las vinculó con el rechazo del Senado a su elección: "El marco en el que se toma esta decisión parece bastante claro". Pese al contexto político, afirmó que el derecho "tiene que ser una máxima" en democracia: "La norma hay que aplicarla en su recto sentido: en un juzgado, en el Parlamento, en la mesa del Congreso o del Senado y en cualquier otro sitio". E insistió en criticar su exclusión: "Cuando una ley es interpretable, la única que no cabe es aquella que reduce al absurdo su conclusión".

Pero pese a sus protestas, López es víctima de una doctrina acuñada hace años por el partido que le patrocinaba, el PP. El exministro Federico Trillo, coordinador de justicia de los conservadores, el mismo que criticó la decisión de que a López no se le computaran los siete años en el CGPJ, es el padre de la doctrina que hizo posible el veto.

El martes, el Senado no solo consideró que López no podía ser miembro del TC. Tampoco pasó el filtro el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien propuso el PSOE. La Cámara alta basó su decisión en una sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 1994 que consideró ilegal la designación de Eligio Hernández como fiscal general. El motivo fue que, por haber estado unos años en situación de servicios especiales, como gobernador civil y delegado del Gobierno, Hernández no computaba 15 como juez en activo. Y tuvo que dejar el cargo. Trillo defendió entonces el recurso presentado por asociaciones conservadoras del mundo de la justicia. Ayer, López aseguró que su caso es muy distinto al de Hernández.