El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Fomento, ha declarado lesivas para los intereses generales las cantidades fijadas por el Jurado de Expropiación Forzosa para cerca de 7.000 propietarios de fincas afectadas por la construcción y explotación de cuatro nuevas autopistas de peaje en Madrid. Esas indemnizaciones eran superiores a las ofrecidas por las concesionarias de las vías, conocidas como radiales.

Según informa esta semana Interviú , las empresas concesionarias (las constructoras FCC, Ferrovial, la ACS de Florentino Pérez, Acciona, Sacyr y OHL) ofrecieron por las tierras expropiadas cantidades que los expertos consideran ridículas para Madrid, en muchos casos situadas por debajo de los dos euros (333 pesetas) el metro cuadrado.

Al no haber acuerdo, el asunto pasó al Jurado de Expropiación Forzosa de Madrid, que mayoritariamente se decantó por calificar los terrenos como urbanizables en contra de la opinión del abogado del Estado, partidario de valorarlos como rústicos. La diferencia entre ambos criterios es multimillonaria. Sólo para la R-3 (Madrid-Arganda del Rey) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la factura se incrementaría en 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas). Una cantidad que, según las concesionarias, convertiría en inviable el proyecto de las radiales. En el 2002, el organismo presidido entonces por José Manuel Sánchez Robledano, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, fijó los justiprecios de 50 fincas afectadas en Arganda del Rey en 33 euros el metro cuadrado, frente a los dos que pretendía pagar la concesionaria.

El acuerdo desató la alarma en las constructoras y en el departamento que dirige el ministro Francisco Alvarez-Cascos, quien ha declarado lesivos para el interés público los acuerdos, pese a que son las concesionarias y no el Estado las que deben pagar las expropiaciones. La revista Interviú intentó sin éxito recabar la versión de Fomento.

CRITERIOS DIFERENTES Fausto Sánchez, abogado de más de 300 afectados, considera "insólita" la actitud del Ministerio de Fomento de acudir en socorro de las concesionarias, y recuerda que el Jurado de Expropiación resolvió más de 700 expedientes de justiprecio de la ampliación del Aeropuerto de Barajas aplicando los mismos criterios que ahora utiliza con las radiales. En el caso de Barajas, el encargado de pagar las expropiaciones fue AENA, un organismo público dependiente de Fomento, y Cascos no aprobó ninguna declaración de lesividad.

Además, a mediados de diciembre, Robledano fue destituido de la presidencia del Jurado de Expropiación por decisión del presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Vieira, basándose en un informe de la Abogacía del Estado y una denuncia de una concesionaria.