La operación Brugal, esa que llevó a cabo la policía nacional el martes en Alicante, va a dar que hablar. Y mucho. Baste como aval para tal augurio el hecho de que ayer, alrededor de las siete de la tarde, hubiera hasta tres versiones diferentes de cómo se había gestado la detención del presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll. Y que la dirección del PP decidiera salir a la palestra no para anunciar qué hará con sus militantes implicados en este nuevo caso de corrupción, sino para cargar contra el Gobierno por practicar "detenciones políticas" para facilitar a José Luis Rodríguez Zapatero su "díficil" debate de la nación, según su portavoz, Esteban González Pons, o por practicar arrestos "al margen de controles judiciales, propios de la dictadura", tal y como declaró a Europa Press la número dos del partido, Dolores de Cospedal.

Evidentemente, los conservadores desempolvaron su manual de contraataques para situaciones de emergencia, el mismo que utilizaron el año pasado cuando el caso Gürtel se puso feo y salpicó, entre otros, al presidente valenciano, Francisco Camps. Entonces ya denunciaron que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba dirigía toda una operación política contra el PP e, incluso, llegaron a ir a los tribunales por supuesto espionaje. Esta vez piden su comparecencia urgente para que explique las polémicas detenciones.

REPLICA DEL MAGISTRADO La diferencia es que ahora los argumentos de los populares se han visto respaldados por Carlos San Martín, el magistrado que investiga la oscura adjudicación de la gestión de servicios de basura en la Vega Baja alicantina y que ayer irrumpió en esta polémica con dos comunicados que hizo públicos a través del servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV). En el primero de ellos, recalcó que él no había ordenado ninguna detención ni había acordado "la citación ni imputación judicial respecto de ninguna de las once personas (...)". Y advertía de que el caso sigue bajo secreto sumarial. A la misma hora, Ripoll daba una rueda de prensa en la que demostraba que sí había recibido una citación para declarar hoy ante el juez.

Pero ese requerimiento tenía un sello policial, que no del juzgado de Orihuela, lo que provocó un segundo comunicado del juez San Martín, que no ocultó su enojo con la policía y la fiscalía. Estas son algunas de las perlas que contenía: "No existe cédula de citación alguna expedida por la oficina judicial"; "el juzgado no disponía al término de la mañana de hoy por ayer de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación (...) ni de las fechas que hubieran sido emplazadas para comparecer en el juzgado". O sea, que el magistrado vino a decir que se enteró por los medios de que hoy tenía una cita con Ripoll en su propio juzgado, ya que no fue hasta media tarde cuando, según el comunicado del juez, fue "informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Por si no había ya suficiente tensión en el ambiente, llegó la versión de Interior y de la fiscalía que, obviamente, respaldaban a la policía y restaban crédito a las acusaciones de los populares. De hecho, la policía facilitó un comunicado el martes por la noche con detalles sobre la operación Brugal: se aseveraba que habían detenido a once personas --entre ellos, Ripoll; tres concejales de Orihuela y varios empresarios de la zona-- y que, según los casos, se les imputaban los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento.

COMPARECENCIA Ripoll dijo a los periodistas que, tras el registro de su domicilio, nadie le especificó de qué se le acusaba. González Pons aún fue más allá y señaló que su compañero de partido no estaba siquiera imputado. Fuentes de Interior y de la fiscalía, por su lado, respondían que todo se ha hecho bajo la estricta legalidad. En fin. Que hay lío. Y una comparecencia hoy de Ripoll en los tribunales.