El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha lanzado este martes un mensaje a las empresas que colaboren con el referéndum independentista del 1-O en Cataluña. "No hay que atender ninguna orden ilegal", ha indicado el ministro, recordando que colaborar con una actividad declarada ilegal tiene responsabilidad penal.

Tras los registros a la empresa de mensajería Unipost, Catalá ha atribuido a esta compañía su presunta colaboración con la Generalitat de Carles Puigdemont por los problemas económicos que atraviesa y ha defendido que Correos nunca colaboraría con la consulta soberanista. "La Generalitat está intentando, ante la imposibilidad de que Correos sea utilizada, que sea esta empresa que tiene problemas económicos serios el que haga de vehículo del referéndum", ha recalcado.

En una entrevista en 'Antena 3', Catalá ha defendido que las medidas de control del presupuesto de la Generalitat responden a la falta de cumplimiento del Ejecutivo catalán con sus obligaciones con Hacienda, al tiempo que ha recordado que la administración catalana está "en quiebra", por lo que ha descrito la medida como "simplemente un control de gasto". "Qué pasa cuando una comunidad que está quebrada recibe fondos del Estado todos los meses, cuando te están financiando y no cumples con las obligaciones. Eso exige medidas de control", ha argumentado. "Si te estoy financiando y te niegas a explicar en que te gastas el dinero, te dejo de financiar", ha resumido el titular de Justicia.

SIN ARRESTOS DE ALCALDES

Catalá también ha dicho que ninguno de los alcaldes catalanes que comienzan a declarar ante la Fiscalía por su colaboración en el referéndum del 1-O va a ser detenido si no comparecen voluntariamente, sino que se "les llevará para que cumplan con su obligación". "No se va a detener a nadie, sino a conducirlos a tomarles declaración. Para que haya una detención lo tiene que dictar un juez fruto de unas medidas que ahora son inimaginables en un proceso como este", ha informado.

Catalá ha explicado que se trata de una toma de declaración y que de ella se derivará un proceso judicial con garantías que podría concluir, o no, en condenas.