El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, delegó ayer en la Fiscalía de la Audiencia Nacional el dictamen sobre si la Mesa del Parlamento vasco cometió un delito de desobediencia al no cumplir el mandato del juez Baltasar Garzón de suspender el grupo parlamentario de Batasuna.
Los fiscales de la Audiencia Nacional propondrán a Garzón, casi con toda seguridad, que remita esa actuación al Tribunal Superior del País Vasco por entender que la negativa de la Cámara puede ser constitutiva de un delito de desobediencia. La Audiencia Nacional no es competente por tratarse de aforados.
JUNTAS GENERALES
El dictamen se referirá tanto a la conducta de los tres miembros de la Mesa que votaron en contra de disolver el grupo de Batasuna --Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU)-- como a los de las juntas generales de Guipúzcoa y Vizcaya que tampoco obedecieron el auto de Garzón de disolver el grupo de Batasuna. Las únicas instituciones que cumplieron el auto de Garzón fueron aquéllas en las que los partidos nacionalistas no tienen mayoría, es decir, el Parlamento de Navarra y las juntas generales de Alava.
Garzón también remitió a la Fiscalía General del Estado su auto del 26 de agosto donde dejaba la disolución de Batasuna en manos de las cámaras vasca y navarra, para que procedieran a hacerlo según lo contemplado en sus reglamentos y estatutos.
