Sigue el misterio acerca de la piedra sobre la que se edifica cualquier cita con las urnas: el censo. El 'Govern' sigue mostrando nula preocupación, e incluso suficiencia, cuando se le pregunta sobre el listado y repite que hay censo. Esos sí, fuentes del Ejecutivo han señalado que este listado, si bien válido, será diferente del que se usaría por el Estado en caso de una contienda electoral al uso, es decir, unas elecciones bien sean locales o autonómicas, generales o europeas que se celebraran en ese mismo día. Con todo, insisten aquellos que manejan el timón, se trata de pequeñas diferencias.

La ley del referéndum que mañana se presenta persigue que el 1 de octubre sea, a ojos de los ciudadanos, una contienda más y el articulado de la iniciativa legislativa se orienta en ese sentido. Hay sin embargo un punto donde se acepta que no podrá ser igual, y es que al ser una consulta unilateral no se podrá contar con la junta electoral central, por lo que hay que crear la sindicatura electoral catalana. De hecho, el grueso de la ley del referéndum corresponde, precisamente, al desarrollo de esta sindicatura.

En este desarrollo legislativo se prevé que, por la premura de tiempo, el 'Govern' se arrogue algunas de las funciones que realiza la junta electoral central, como puede ser el sorteo de mesas. Además, en aquellos municipios cuyos alcaldes se han mostrado hostiles a la celebración del referéndum será el propio Ejecutivo quien elaborará el mapa de colegios electorales del municipio en cuestión. La ley electoral vigente en España no obliga a que sea el secretario municipal el responsable de zona de la junta electoral, es decir, que puede ser suplido por uno de los voluntarios que se inscriban en la bolsaque creará el Ejecutivo catalán.

En cuanto a la seguridad, el 'Govern' elaborará un protocolo de actuación para los Mossos d’Esquadra que prevé toda salvedad habitual en las citas electorales. En caso de que suceda algo que rompa con ese protocolo de cuestiones más o menos habituales, la decisión sobre qué hacer recaerá sobre los mandos policiales, de mayor calado político. El objetivo, claro está, es proteger a los agentes policiales de las eventuales consecuencias legales que podrían acarrear la toma, por su parte, de determinadas decisiones.