Los catedráticos y profesores titulares de Derecho penal de las universidades públicas españoles consideran que el Gobierno de José María Aznar "pisotea" los principios legales propios de un Estado social y democrático.
Así lo afirma un duro manifiesto firmado por 120 catedráticos y profesores titulares de casi todas las instituciones académicas públicas, que arremete contra el "espectáculo lamentable y continuo" que constituye la "sucesión de leyes" aparecidas en el 2003 "en flagrante contradicción" con los "valores, principios y reglas del Derecho penal".
"ESPECTACULO" Este "espectáculo", sigue el manifiesto, culminó con un "episodio de burla de la normalidad parlamentaria", en alusión a la reforma que amenaza con cinco años de cárcel a quien convoque un referendo sin estar facultado, hecha a medida en contra del plan Ibarretxe.
Los firmantes acusan al Gobierno de esgrimir la supuesta benevolencia del Código Penal --que ponen en duda-- para "recrear" la cadena perpetua al introducir la condena de 40 años de prisión, y recuerdan que es "inconstitucional una pena que haga imposible la resocialización". Asimismo, tildan de "soez" la promesa de Aznar de "barrer la calle de delincuentes" y avisa de que "el péndulo se vuelve siempre en los excesos.
LA AUSENCIA DE DEBATE En Bilbao, el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Manuel María Zorrilla, que se jubila en enero, denunció la "emergencia súbita" de la reforma penal sin el "extenso" debate que requiere el respeto a "la voluntad popular", informa Ana Garbati.
Igualmente, se quejó de que el poder político intente atribuir al Poder Judicial funciones que no le corresponden, porque ello "desequilibra" su funcionamiento autónomo.
