Jesús Gil le fichó y él lo aprovechó para forrarse. Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo de Marbella y cerebro de la trama de corrupción recién desarticulada, tramitó 600 proyectos irregulares de 40 importantes constructores entre 1996 y el 2006, según la documentación incautada por la policía en su casa y en el ayuntamiento. Fuentes de la investigación aseguraron a este diario que existen papeles que demuestran que Roca, ahora en prisión, cobró directamente unos 360 millones de euros (casi 60.000 millones de pesetas) de comisiones por permitir la construcción de 30.000 viviendas ilegales en cinco zonas de la ciudad.

Roca, que se hacía llamar por sus iniciales, JAR, es el principal inculpado en la operación Malaya, que ha supuesto también el ingreso en prisión de otras 23 personas, entre las que se encuentran la última alcaldesa, Marisol Yagüe, y su teniente de alcalde, la exsocialista Isabel García Marcos, por un presunto fraude que, en conjunto, podría alcanzar los 2.600 millones de euros. El Gobierno disolvió el viernes el ayuntamiento marbellí, que tiene a 20 de sus 32 concejales procesados.

AYUNTAMIENTO PARALELO El asesor fue contratado en 1991 por Jesús Gil, que fue alcalde desde ese año hasta el 2002. Roca, que era un contratista arruinado, se hizo cargo de Planeamiento 2000. Esa empresa pública fue ideada por los gilistas para agilizar los trámites a partir de 1996, tras aprobarse el nuevo plan urbanístico. Poco a poco, la empresa se convirtió en un ayuntamiento paralelo, con Roca al frente, que aprobó 600 contratos fuera del control del consistorio.

Roca reemplazó al jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Jorge González, por María Castañón, una abogada amiga suya que todavía no ha sido citada por el juez Miguel Angel Torres, que instruye la causa. Planeamiento 2000 pasó a decidir quién construía en Marbella. Las comisiones y los plenos se convirtieron en un mero trámite, ya que en ellos se aprobaba la propuesta de Planeamiento 2000.

Era en la trastienda del ayuntamiento donde se decidía todo. Fuentes judiciales aseguran que la documentación intervenida demuestra que Roca cobraba un 10% de comisión del importe de cada proyecto. En el instante en que se firmaba el convenio entre el alcalde y el constructor, éste hacía entrega de una tercera parte de lo pactado (en torno a 10.000 euros por piso), otro tercio se hacía efectivo al concederse la licencia de obras y el resto cuando el ayuntamiento daba el permiso de primera ocupación.

En los 600 convenios intervenidos no aparece la firma de Roca por ninguna parte. Entre 1996 y el 2002 lo rubricaba Gil; en el 2002 y el 2003, Julián Muñoz y, a partir del 2003, Marisol Yagüe. Gil casi nunca estaba en Marbella, circunstancia que Roca aprovechó para amasar su fortuna. Muñoz se enfrentó a él y le costó la alcaldía. Y Marisol Yagüe se plegó a Roca. Solo Isabel García Marcos osó a cuestionarle y entonces hubo un reparto entre ellos, según prueban los documentos en poder del juez.

BLANQUEO DE DINERO Pero los números no salen. Juan Antonio Roca cobró directamente unos 360 millones de euros. En cambio, sus 60 testaferros movieron más de 2.000 millones. Fuentes de la investigación subrayaron ayer que existen indicios de que las 120 empresas pantalla de Roca sirvieron para blanquear y mandar dinero de los promotores y otros empresarios a paraísos fiscales, entre los que destaca Gibraltar. "Es imposible que el Ayuntamiento de Marbella moviese esas cantidades", aseguró una fuente de caso.