Tres vocales de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se negaron ayer a apoyar al juez Baltasar Garzón. Dos vocales de la minoría progresista lo habían pedido tras las críticas que el juez ha recibido por su línea de investigación sobre la falsedad de un informe que relaciona a ETA con el 11-M por el hallazgo de ácido bórico en la vivienda de un etarra (2001) y un islamista (2004).

La negativa se adoptó en la comisión permanente del CGPJ. Además, los vocales conservadores apoyaron que el servicio de inspección averigüe si Garzón se extralimitó en los interrogatorios del pasado jueves a tres peritos de la policía científica a los que imputó un delito de falsedad después de que uno de ellos admitiera que habían "creado" un informe en julio, pero que lo habían fechado en marzo del 2005 para darle carácter oficial.

El acuerdo contó con el voto discrepante de los vocales de la minoría progresista, que no lograron convencer a sus colegas para que respaldaran la actuación de Garzón, que ha sido objeto de duras críticas en varios medios de comunicación. Pese a ello, los conservadores aceptaron que se recogiera en su resolución "una llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales".

SIN INCIDENCIAS Paralelamente, los fiscales que estuvieron presentes en esos interrogatorios, Olga Sánchez y Pedro Rubira, hicieron llegar al CGPJ un escrito en el que afirman que las declaraciones de los peritos "se realizaron de modo adecuado y correcto, con absoluta normalidad y sin ninguna incidencia digna de mención".

Dos de esos peritos también pidieron ayer a la Sala Penal de la Audiencia Nacional que aparte de esta investigación a Garzón, quien trata de averiguar si el ácido bórico hallado en el domicilio del islamista Hasan el Haski en el 2004 puede servir para fabricar explosivos. El juez remitirá a los juzgados ordinarios la investigación sobre la falsedad que imputa a los tres peritos en cuanto concluya su instrucción sobre el uso del ácido bórico.

Además, ayer, el sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una querella contra Garzón en el Supremo por haber abierto esta investigación. Mientras, los sindicatos policiales han pedido al Ministerio del Interior que actúe contra aquellos que están poniendo en duda la profesionalidad de los policías que han investigado el 11-M.

Garzón oirá hoy a la representante de España y Libertad, entidad que presentó una denuncia tras la información publicada por El Mundo que acusaba a Interior de falsificar un informe del 11-M, para que ratifique su escrito. El juez, tras oír a los peritos, decidió que la presunta falsedad la habían cometido esos agentes y no su superior, Francisco Ramírez, que eliminó del informe las referencias al ácido bórico en un borrador que "nunca existió", según el juez.