El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer suspender a Baltasar Garzón después de que el juez Luciano Varela haya decidido sentarle en el banquillo por investigar los crímenes de la guerra civil y del franquismo. La decisión fue adoptada por unanimidad. Este cierre de filas hizo presagiar que el bloque conservador y progresista del CGPJ habían llegado a un acuerdo para que la comisión permanente de este organismo concediera unas horas después al togado de la Audiencia Nacional el permiso para que pudiera trasladarse a La Haya como asesor del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo. Sin embargo, los cinco miembros de esta comisión aplazaron su decisión al pedir nuevos informes. Una última humillación.

La sesión fue bronca, según fuentes de este organismo. En el debate no participaron el vicepresidente Fernando de Rosa ni los vocales Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez. Los dos primeros fueron recusados por Garzón y el tercero se apartó voluntariamente por haber sido abogado del magistrado de la Audiencia.

SUSPENSION AUTOMATICA Fuentes del CGPJ explicaron que el vocal progresista Miguel Carmona se opuso a la suspensión de Garzón habida cuenta de que el togado de la Audiencia ya había decidido "autosuspenderse" al haber aceptado dejar su puesto y marcharse al tribunal de La Haya. Sin embargo, sus argumentos fueron duramente rebatidos por el conservador Claro Fernández, que defendió que la suspensión era automática tras la apertura de juicio oral. Así lo entendieron el resto de los vocales del consejo del poder judicial, que apoyaron sin fisuras la suspensión del togado de la Audiencia Nacional.

Después, los vocales debatieron si el pleno de los jueces estaba facultado para decidir si se podía conceder a Baltasar Garzón la excedencia por servicios especiales como había pedido. El debate se interrumpió porque las vocales conservadoras Concepción Espejel y Gemma Gallego no habían tenido tiempo para estudiar la documentación. La primera convalece de una reciente operación y la segunda no accedió al material porque, al parecer, no ha tenido secretaria en los últimos días. Por ello, el pleno decidió suspender un tiempo la sesión hasta que estas vocales revisasen la información, pero, cuando se reanudó, se decidió que este asunto debía ser abordado en exclusiva por la comisión permanente, que fue convocada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar.

NUEVOS DATOS La permanente de los jueces, tras dos horas de reunión, decidió solicitar cinco nuevos informes antes de pronunciarse sobre la petición de Baltasar Garzón. Los vocales piden al Tribunal Penal Internacional y al Ministerio de Asuntos Exteriores que reconsideren su posición después de la suspensión acordada. Moreno Ocampo tendrá que confirmar si mantiene la oferta de trabajo a Garzón y si el cargo que le ha ofrecido goza "de inmunidad procesal". Y el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos tendrá que ratificar si Garzón es el juez iidóneo para este cargo.

Además, ahora tendrán que opinar sobre este exilio voluntario del togado Baltasar Garzón la sala penal del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y la secretaría general del Consejo General.

EL APOYO Baltasar Garzón recibió la notificación oficial de su suspensión al filo de las siete de la tarde. El magistrado había regresado a su despacho para recoger sus pertenencias y abandonó esta sede judicial sobre las nueve de la noche, mientras decenas de personas se manifestaban a su favor y en contra de la suspensión. Parece que los manifestantes partidarios de eximir al juez de culpa no se creyeron las palabras de la portavoz del poder judicial, Gabriela Bravo, quien afirmó que "el Tribunal Supremo, a lo largo de 30 años de democracia, ha dado muestras evidentes de ser un órgano que ha actuado siempre conforme a Derecho".