La continuidad de Alberto Sáiz al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) empieza a cuestionarse en el seno del Gobierno. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha reclamado que le proporcionen toda la información reservada relativa a las acusaciones vertidas contra él por el supuesto uso de la institución en favor de su familia y de sus actividades privadas. Así lo anunció ayer en el Congreso, dejando la puerta abierta a la toma de decisiones drásticas tras analizar la documentación aportada por el director.
Dos veces ha comparecido Sáiz en el Congreso con las facturas que supuestamente prueban que en sus actividades privadas, como la pesca en Senegal o México, las reformas en su domicilio, la limpieza de su piscina, la compra de electrodomésticos e incluso patatas a un familiar, no ha utilizado medios del CNI. Tras la segunda comparecencia, varios diputados de la comisión de Defensa que inicialmente defendieron a Sáiz han empezado a dudar por dos cuestiones que el director no negó. Los ceses y las dimisiones que han tenido lugar en la cúpula del departamento antiterrorista del CNI en los últimos meses han llevado a un grupo de espías a filtrar a El Mundo datos que pueden dañar al director.
