El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho hoy que discrepa "total, radical y profundamente" de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la condena a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en la venta de la sociedad Urbanor.
Así lo ha asegurado el fiscal general del Estado en una rueda de prensa tras la inauguración de un seminario con el Reino Unido sobre la orden europea de detención al ser preguntado por la sentencia del Constitucional hecha pública ayer.
Conde-Pumpido ha recordado la acusación mantenida por el Ministerio Fiscal en este caso al estimar que han existido los delitos de estafa y falsedad y que los hechos no han prescrito, según la doctrina del Tribunal Supremo. El fiscal general, tras expresar su respeto por la sentencia, ha calificado la resolución de "muy preocupante" ya que "da la vuelta" al derecho de tutela judicial efectiva que debe proteger en materia penal a los perjudicados y a las víctimas, ha dicho.
El TC ha anulado la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo impuso a "los Albertos" al considerar que se hizo una interpretación "lesiva" de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por ser insuficientemente respetuosa del derecho a la libertad personal.
Para Conde-Pumpido, se incurre en un exceso de jurisdicción y resulta preocupante que se considere los hechos como prescritos en contra del criterio del Tribunal Supremo. Tras indicar que la sentencia del TC "no es la más adecuada" para defender a las víctimas, el fiscal general ha señalado que "los condenados se quedarán
En la rueda de prensa Conde-Pumpido y el fiscal jefe de la Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales, Ken MacDonald, han destacado el hecho de que ambos países son los que tramitan un mayor número de órdenes europeas de detención.
