El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha respaldado la actuación de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y ha ratificado que desde la fiscalía en Avilés no se pudo abrir diligencias para neutralizar las actividades de una posible trama de venta ilegal de explosivos en Asturias que pudiera haber evitado el atentado del 11-M, por la falta de datos aportados desde la comandancia de la Guardia Civil.

Conde-Pumpido, en una carta al líder de IU y miembro de la comisión del 11-M, Gaspar Llamazares, dice que la Guardia Civil no pidió "verbalmente ni por escrito" autorización para controlar al exminero asturiano Emilio Suárez Trashorras y a su cuñado, Antonio Toro Castro.

CONFIDENTES El fiscal general sostiene que la investigación sobre ambos, después de que el confidente de la Guardia Civil Rafá Zuher advirtiera de que intentaban vender explosivos robados de una explotación minera, no se materializó, dado que la información de la Benemérita era "genérica e inconcreta".

Conde-Pumpido expone en la carta a Llamazares que el capitán jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo comentó a algunos miembros de la fiscalía de Avilés, a comienzos del 2003, "de manera informal", las líneas generales de "una investigación incipiente sobre tráfico de explosivos". Según su versión, el citado capitán quedó en concretar los detalles en "una posterior visita que no realizó". Tras esta conversación, por parte de la comandancia de Asturias de la Guardia Civil no se volvió a dirigir otra comunicación verbal o escrita a la fiscalía.

La carta de Conde-Pumpido deja a salvo la actuación de los fiscales de Avilés. Sin embargo, el informe remitido por la Guardia Civil a la comisión del 11-M, señala que el 27 de febrero del 2003, un año antes de los atentados, tuvieron información de que Toro Castro disponía de 150 kilos de explosivos, consultaron con los fiscales de Avilés y éstos contestaron que, con lo actuado, no era posible un mandamiento de entrada y registro o de intervención telefónica, por lo que Toro fue controlado por tráfico de drogas.

El Gobierno remitió ayer 34 nuevos documentos a la comisión investigadora, entre ellos, el referido al control policial de El Tunecino , hasta una semana antes del atentado.