El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado a su generalato para que establezca el criterio que deberá asumir la fiscalía ante el Tribunal Constitucional sobre la demanda presentada por el PP contra el debate del Estatuto de Cataluña. Lo hizo tras conocer que el fiscal jefe del Constitucional, Juan Ortiz Urculo, había impuesto su criterio --favorable a admitir la demanda del PP-- en la junta de fiscales del alto tribunal, y que se había desoído la postura del fiscal del Estado. Este llamó ayer al orden a Ortiz Urculo.
En el dictamen de Ortiz Urculo, que fue fiscal general cuando gobernaba José María Aznar, se transcriben los argumentos alegados por el PP en su escrito. Ese partido sostiene que el proyecto del Estatuto de Cataluña no puede ser debatido por la comisión constitucional, como acordó el Congreso, porque se trata en realidad de reformar la Carta Magna, y no sólo un estatuto.
ARGUMENTOS IMPROPIOS En ese escrito, Ortiz Urculo recurre a argumentos tan peregrinos como que el Estatut es una reforma de la Constitución porque ésa "es la opinión unánime de los medios de comunicación". Fuentes fiscales sostienen que esa alegación es "impropia" en un informe jurídico.
Por ello, Ortiz Urculo tendrá que defender su tesis, el próximo martes, ante los 16 fiscales que integran la junta de fiscales de sala. En ese encuentro también se estudiará la posición del teniente fiscal del Constitucional, Olayo González Soler, que defendía el rechazo de la demanda del PP. Además, el generalato estudiará un informe elaborado por la secretaría técnica.
En ese documento, la fiscalía sostiene que la demanda del PP "es un fraude de ley" y "un montaje" para que el alto tribunal examine la constitucionalidad de un proyecto de reforma que es "provisional". Además, se acusa al PP de usar "una vía prematura" y de "adaptar el derecho a sus necesidades concretas".
