El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reveló ayer en su comparecencia anual en la Cámara baja que de las 730 causas abiertas en estos momentos por corrupción política, 268 afectan al PSOE y 200 al PP.
La lista se completa con 43 procedimientos contra Coalición Canaria, 30 hacia CiU, 24 del Partido Andalucista, 20 de IU, 17 del GIL, 7 de Unió Mallorquina, 5 de ERC, 3 del BNG y del PNV y 1 de ANV y Eusko Alkartasuna, respectivamente.
A ellos se han de añadir 67 investigaciones contra miembros de partidos de implantación local, 16 contra imputados independientes y 72 en los que no se ha conoce la filiación política de los encausados. El fiscal general señaló que en Extremadura hay 15 casos que afectan al PSOE y uno al PP.
Conde-Pumpido no pudo concretar los cargos públicos imputados, al ser un dato "extraordinariamente difícil de precisar", aunque es evidente que la cifra es muy superior al de causas abiertas, al implicar estas a varios individuos. De hecho, la suma de los procedimientos de cada partido es superior (772) a la que ofreció inicialmente el fiscal ya que, aclaró, "hay asuntos en los que están imputados cargos de dos o más partidos".
El fiscal general quiso relativizar la contundencia de las cifras vinculándolas a la "acción demoledora" de la justicia contra la corrupción, y recordó que los casos abiertos "no llegan al 1% del total de cargos públicos".
La decisión de Conde-Pumpido de airear el liderazgo socialista en el ranking de la corrupción no convenció al PP sobre la imparcialidad de este organismo, y el diputado conservador Federico Trillo insistió en criticar la "parcialidad" de la fiscalía, lo que degeneró en el enésimo enfrentamiento del día entre el PSOE y el PP.
GRABACIONES Trillo dijo que tiene registrados 114 casos de investigación judicial que demuestran el "doble rasero" que se impulsa desde el Gobierno contra su partido. Además, tildó las grabaciones de conversaciones entre abogados e imputados de "profundamente institucionales", en alusión a la instrucción del caso Gürtel .
El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, dijo sentirse "avergonzado" por esta intervención. "Lo que debe hacer el PP es pedir disculpas y limpiar su casa", apuntó.
El fiscal mostró su preocupación por las dudas de los populares y las achacó, en parte, a la "percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos".
