El Tribunal Supremo condenó ayer a la Asociación Víctimas del Terrorismo y al Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro a pagar las costas del proceso que iniciaron contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal Fernando Burgos por haber retirado la acusación, el pasado mes de marzo, contra el líder de Batasuna Arnaldo Otegi, que fue juzgado por un delito de enaltecimiento al terrorismo.

Esas asociaciones acusaron a los fiscales de haber cometido un delito de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Sin embargo, el alto tribunal rechaza esa pretensión. Para los jueces, la fiscalía actuó correctamente cuando decidió retirar la acusación contra Otegi por entender que no había cometido ningún delito. Por ello, les recrimina que hayan buscado "a todo trance" un tipo penal que encaje en su "idea vertebradora" de que la fiscalía es culpable. El alto tribunal rechaza que la fiscalía haya hecho una dejación de sus funciones, ya que la ley "no le obliga" a mantener una acusación "si estima que no debe sostenerla".

LA PETICION Por su parte, la izquierda aberzale ha abierto una página web para recoger firmas que apoyen la libertad de Otegi, preso desde junio para cumplir una pena de 15 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.