La Audiencia Nacional condenó ayer al etarra Juan Luis Rubenach a 319 años de cárcel por el asesinato del general Justo Oreja en junio del 2001 en Madrid. En el atentado también resultaron heridas 17 personas al estallar una bicicleta-bomba que fue colocada en las inmediaciones del domicilio del militar. Los jueces absuelven, en cambio, a Gorka Palacios al considerar que no hay suficientes motivos que le relacionen con este atentado, a pesar de que tras su detención se autoinculpó del atentado, pero luego se retractó.

La sentencia determina que la participación de Rubenach en la muerte de Oreja ha quedado "plenamente probada" --sus huellas aparecían en un vehículo utilizado en el atentado--, pero no así la de Palacios, porque no existe "un dato fáctico que corrobore" su intervención en el ataque costó la vida al general.

La absolución de Palacios no implica, no obstante, su excarcelación, ya que está cumpliendo una condena de 83 años de cárcel por el asesinato del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa.

Los magistrados creen probado que Rubenach "ideó y decidió la ejecución del atentado" y asumió "la misión de confeccionar el explosivo" que él mismo entregó a los otros dos acusados ya condenados, Ana Belén Egües y Aitor García Aliaga. Los explosivos, prosigue el texto, fueron depositados en el vehículo sustraído, que Rubenach dejó estacionado en las inmediaciones del domicilio de la víctima. De ahí, según la sentencia, Egües y Aliaga sacaron la bicicleta en la que colocaron la bomba.

El tribunal condena a Rubenach al pago de cuantiosas indemnizaciones a la viuda del general, a quien le corresponden 70.000 euros, además de 20.000 euros para cada uno de los cuatro hijos de la víctima. Oreja resultó herido con quemaduras en el 50% de su cuerpo y murió días después a consecuencia de un shock séptico.

AUSENCIA DE CUBILLAS Por otra parte, los etarras Arturo Cubillas y José Angel Urtiaga no se presentaron ayer ante el juez Eloy Velasco que les había convocado para que ratificaran su intención de personarse en la causa que investiga la relación de ETA con las FARC en Venezuela. Ambos se encuentran en busca y captura y pendientes de que el Gobierno venezolano decida si concede la extradición solicitada por España.