La Audiencia de Madrid condenó ayer al exconcejal madrileño del PP Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación en la privatización de la funeraria municipal. El tribunal absolvió a otros dos exediles y a los directivos de Funespaña, acusados de beneficiarse con la venta, porque el delito ha prescrito.

La sentencia cuenta que Huete cometió prevaricación al proponer al pleno la aprobación de la adjudicación a Funespaña, "a pesar de las advertencias" de los técnicos. Los jueces fijan en 7.430.131 euros los daños ocasionados al erario, la diferencia entre el precio que debería haber abonado la compradora y los 0,60 euros que pagó.