Ante la pena capital, una buena defensa puede resultar crucial. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado un concurso de ayudas al que pueden acogerse todos los españoles condenados a muerte en el extranjero. Según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado, el objetivo de esta medida es que estos presos puedan pagarse una defensa "de calidad" gracias a un importe máximo de 60.000 euros, ya sea a título individual o bien repartido entre diversos solicitantes. La excepción resulta novedosa porque, hasta ahora, la normativa únicamente permitía al Estado sufragar los gastos de la defensa jurídica del condenado en cuestión cuando este carecía de medios económicos suficientes y en aquellos países en los que no existiera un sistema de oficio gratuito similar al de España. Después de la modificación publicada en el BOE, el Estado podrá costear la asistencia privada a los reclusos.
EXCEPCION JUSTIFICADA El departamento que dirige Miguel Angel Moratinos explica que la "propia excepcionalidad" de esta pena no prevista en la jurisprudencia española, y cuya abolición universal "es uno de los objetivos expresos" de la política exterior del Gobierno, justifica esta excepción.
A día de hoy, los únicos españoles condenados a muerte son Pablo Ibar, acusado de asesinar a tres personas en Estados Unidos, y Nabil Manakli, a quien se le atribuye la organización de un grupo terrorista para atentar contra el Gobierno de Yemen. El primero está inmerso en un proceso para declarar nulo el juicio que le condenó y el segundo depende de gestiones políticas y diplomáticas para librarse de la ejecución.
