La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel al ex dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi por ordenar a los miembros del "comando Andalucía" de ETA Harriet Iragi y Jon Igor Solana el asesinato del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, cometido el 9 de octubre de 2000 en Granada. La sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal condena además al etarra a indemnizar a la viuda y a los cuatro hijos de la víctima con 900.000 euros, cantidad solicitada por la acusación particular y que supera en 250.000 euros lo reclamado por el Ministerio Fiscal durante el juicio celebrado el pasado diciembre.

La sentencia considera probado que Olarra Guridi era el responsable máximo del "comando Andalucía" durante 2000 y que desde esa posición "manejaba" a los ya condenados por estos hechos Iragi y Solana, a quienes en septiembre de ese año les ordenó trasladarse desde Francia hasta la comunidad andaluza para iniciar una nueva campaña de atentados, entre ellos, el de Luis Portero.

Para ello, añade la resolución, les facilitó fotografías de la víctima, horarios de trabajo, domicilio, identificación del coche que usaba y "una vez corroborada tal información" Iragi y Solana, sobre las 14.00 horas del 9 de octubre, lograron entrar en el portal del domicilio de Portero, donde esperaron su llegada. Ésta se produjo sobre las 14.15 horas y cuando el fiscal jefe esperaba la llegada del ascensor, los etarras, "cumpliendo las órdenes recibidas de Juan Antonio Olarra Guridi, de manera sorpresiva y por la espalda, mientras uno cubría la acción, el otro le propinaba dos disparos en la cabeza, que acabaron con su vida".

El tribunal, presidido por el magistrado Fernando García Nicolás, condena al ex dirigente etarra como autor por inducción y argumenta su decisión en la declaración prestada por Solana ante la Policía, testimonio que, a pesar de haber sido negadas por éste en el juicio oral, "ofrece esa credibilidad que le dota la extensión, lujo de detalles y garantías que le rodearon" cuando lo prestó.

Además los magistrados consideran "como un indicio más en apoyo" de la autoría de Olarra Guridi su propio silencio durante la vista, que entienden como "ausencia de explicación frente a la imputación que se le dirige" y, por tanto, como un elemento más a considerar en su contra que refuerza el testimonio de cargo vertido en contra él.

A Olarra le entregaron temporalmente las autoridades francesas el pasado 17 de julio para ser juzgado, entre otras causas, por este asesinato y por el atentado contra una furgoneta de la Armada en el barrio madrileño de Vallecas en 1995, en el que fallecieron seis personas, hechos por los que ya ha sido condenado a 1.253 años de cárcel.