El traslado, ayer, de las 44 obras de arte que por orden judicial Cataluña se ha visto obligada a devolver a Aragón dejó un reguero de escozor en la campaña electoral catalana, donde representantes públicos y candidatos de todo partido y condición se echaron mutuamente la culpa de que, después de todo, se ejecutara una sentencia judicial. Después de más de dos décadas de conflicto, las obras descansan ya en el monasterio de la localidad oscense de Sijena, aunque no todas. Una, en concreto un lienzo del siglo XVIII, no apareció durante la operación de embalaje llevada a cabo desde la madrugada en el interior del museo de Lérida por técnicos del Gobierno de Aragón, que acompañados de efectivos de la Guardia Civil procedieron a completar el traslado del patrimonio justo en la fecha límite marcada por el juez Antonio Martín González.

Las obras llegaron a Cataluña en 1983 y 1994 por medio de una venta ilegal llevada a cabo por las hermanas de la Orden de San Juan de Jerusalén (Orden de Malta), propietarias del Monasterio de Santa María de Sijena. En total eran 97. De esa venta no se informó ni al Ministerio de Justicia ni al Gobierno de Aragón, como era preceptivo. En abril del 2015, el juzgado de primera instancia número uno de Huesca declaró nulas de pleno derecho las operaciones de venta del patrimonio histórico-artístico de Sijena y ordenó la devolución a la orden y su traslado al monasterio.

ENTREGA A PLAZOS / En julio del 2016 llegaron a su lugar de origen 51 piezas. Las otras 44 (43) fueron retenidas por Cataluña y su devolución definitiva ha coincidido en el tiempo con la aplicación del artículo 155 y la campaña electoral catalana.

Así, la jornada no estuvo exenta de momentos de tensión, ya que varios cientos de ciudadanos acudieron a primera hora al museo de Lérida convocados por los autodenominados comités en defensa de la república para tratar de dificultar su traslado de los bienes y mostrar su enojo por el cumplimiento de una orden judicial que los independentistas consideran un «expolio» sobrevenido por la aplicación del artículo 155. Efectivos de los Mossos evitaron que la cosa fuera a mayores no sin antes protagonizar algunos forcejeos con los manifestantes.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió a primera hora de que las resoluciones judiciales se deben cumplir porque es lo «normal» en un Estado democrático, y «si alguien cree que no y quiere sustituir al juez que lo diga», apostilló. En la misma línea, aunque algo más frustrado, el candidato de los populares para el 21-D, Xavier García Albiol comentó: «La decisión no nos gusta, pero la tenemos que aceptar como no puede ser de otra manera». Albiol añadió que, al igual que en su día los Papeles de Salamanca tuvieron que salir del archivo de esa localidad para volver a Cataluña en cumplimiento de una sentencia judicial, ahora «el viaje es a la inversa». En su mismo partido, pero en Aragón, la postura era otra, claro, donde su líder, Luis María Beamonte, calificó la jornada de «día histórico».

La presidenta del Partido Popular de Lérida y cabeza de lista para las elecciones del 21-D, Marisa Xandri, aseguró que lo ocurrido «es una consecuencia de la incapacidad negociadora de los gobiernos separatistas».

Precisamente en el bloque separatista las reacciones fueron más virulentas. Desde Bruselas, el expresidente catalán Carles Puigdemont expresó su disgusto por una operación que, según sus palabras, se realizó «con nocturnidad y usando una policía militarizada, como siempre». El dirigente huido acusó al Estado de «expoliar» Cataluña. La asociación independentista Òmnium Cultural, cuyo líder, Jordi Cuixart, está encarcelado de forma provisional, calificó de «venganza» y «expolio con la excusa del 155» el operativo iniciado de madrugada en Lérida. «Hoy es un día triste para la cultura, no sólo en Cataluña, también en mundo», señaló la asociación, a través de su cuenta en Twitter.

ARRIMADAS / Mientras, la candidata de Ciudadanos a la presidencia de Cataluña, Inés Arrimadas, lamentó que la Generalitat, con los independentistas al frente, «siempre se decante por la confrontación con el resto de administraciones públicas», en lugar de «haber intentado colaborar» con estas, también en el caso de los bienes de Sijena.

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, calificó de «error» que el traslado de los bienes se produzca sin una resolución judicial «definitiva», pero en todo caso lo desvinculó de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. «Uno se puede leer los decretos del Gobierno (tras el 155) y Sijena, arte o Lérida no salen (en los mismos), no tiene que ver una cosa con otra», dijo Iceta, si bien apuntó que lo sucedido «es un ejemplo más de que cuando se judicializan algunas cuestiones», los políticos pierden «capacidad de incidencia sobre los temas».

Obviamente, los socialistas de Aragón estaban mucho más satisfechos. El presidente aragonés, Javier Lambán, tiene previsto viajar hoy a Sijena para ver las obras. Por su parte, su consejera de Cultura, Mayte Pérez, insistió ayer, en el artículo 155 «no ha tenido nada que ver».