Todos los grupos del Congreso han acordado por unanimidad una resolución de reconocimiento moral de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, que insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a poner en marcha de forma urgente una política de protección económica y social de los exiliados.El acuerdo, alcanzado en el seno de la comisión Constitucional de la Cámara Baja, incluye una "condena y repulsa" del uso de la violencia "para imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos".Todos los intervinientes han coincidido en la necesidad de recuperar la memoria colectiva dentro del espíritu de concordia de la Constitución, y de prestar apoyo institucional a las iniciativas de recuperación de cadáveres no identificados que lleven a cabo los familiares de las víctimas.Los grupos parlamentarios, cuyos portavoces han destacado que este acuerdo se produce 27 años después de la muerte de Franco, incluyen en la resolución que este esfuerzo de reconocimiento no debe servir "para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil".
