El Congreso dio ayer el visto bueno a la nueva regulación de la financiación sanitaria acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tras la conferencia de presidentes autonómicos. PP y CiU coincidieron en rechazar la solución porque consideran que el decreto del Gobierno que anticipa 1.365 millones de euros de su tesorería a las autonomías, más los 227 millones anuales que supone el incremento de un 10% de los impuestos indirectos sobre el alcohol y el tabaco, no supone ninguna solución.
El portavoz popular, Vicente Martínez-Pujalte, y el de CiU, Josep Sánchez Llibre, coincidieron en su crítica al asegurar que el decreto no resuelve el problema porque es "un pacto de calderilla". Ambos dijeron que supone una mayor presión fiscal y que no sanea la deuda histórica de las comunidades autónomas.
LOS ARGUMENTOS Pedro Solbes, el vicepresidente económico, defendió el decreto asegurando que no se trata de ningún parche y replicó a PP y CiU que España tiene unos impuestos sobre tabaco y alcohol "de los más bajos de Europa". Dijo que la posición del Gobierno no es "recaudatoria" de más impuestos sino "disuasoria" del consumo de tabaco y alcohol.
