El pleno del Congreso aprobó hoy con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, la Ley de Suelo, norma con la que el Gobierno socialista espera frenar la especulación urbanística, el encarecimiento del precio de la vivienda y la urbanización desmesurada.
El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participó en el último trámite parlamentario de esta ley, que entrará en vigor el 1 de julio, cuando esté concluyendo el proceso de constitución de los nuevos ayuntamientos que saldrán de las urnas el próximo 27 de mayo. "Del éxito de esta ley depende el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer una vivienda digna al ciudadano", dijo el presidente, quien explicó que la norma servirá asimismo para poner a disposición de la ciudadanía más vivienda protegida y acabar con la "anomalía" de la gran cantidad de pisos desocupados.
La tramitación parlamentaria de esta ley ha estado marcada por los casos de corrupción urbanística, que han propiciado la inclusión en el texto de una serie de medidas destinadas a aportar una mayor transparencia y participación ciudadana en la elaboración de los planes urbanísticos municipales. Entre las medidas más destacables, la obligación de publicar el nombre de todos los propietarios que hayan tenido una finca durante los cinco años anteriores a su recalificación o la exigencia de que los concejales y directivos municipales declaren públicamente sus bienes.
Asimismo, la ley incluye la figura del agente urbanizador, que actuará como intermediario entre la Administración y los propietarios a la hora de tramitar la urbanización de un terreno. Esta es la única medida que, a juicio del portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, servirá para luchar contra la corrupción urbanística, si bien subrayó que no se trata de una propuesta original, dado que ya existe en el "80 por ciento de las legislaciones autónomas". En el debate de hoy, Matos mantuvo el rechazo "total y frontal" de su partido a esta ley que tiene como único objetivo "abaratar el precio de las expropiaciones".
El diputado popular recalcó que los más afectados por esta medida serán los propietarios de suelo rústico, ya que a partir de ahora el valor de sus fincas se calculará en función de lo que puedan producir esos terrenos, "para que le salga más barato a la Administración y a los promotores inmobiliarios". En contra de esta argumentación, el diputado socialista Álvaro Cuesta defendió la justicia del nuevo régimen que valorará el suelo "por lo que es y no por lo que pueda llegar a ser".
El diputado popular Matos criticó asimismo la obligación de reservar el 30 por ciento del nuevo suelo residencial para vivienda protegida, cuando algunas Comunidades Autónomas como Madrid y Navarra "ya reservan el 50 por ciento".
La nueva Ley de Suelo sustituirá la Ley del Régimen del Suelo de 1998, que liberalizó el suelo para tratar de abaratar el precio de la vivienda y mejorar la competitividad de las empresas. Sin embargo, para los socialistas, la anterior ley lo único que consiguió fue consagrar la máxima del "todo urbanizable", que propició un boom inmobiliario que casi ha triplicado el precio de la vivienda en la última década.
En esos años, el precio medio del metro cuadrado ha pasado de costar 702,8 euros en 1997 a 2.024,2 euros en el primer trimestre de 2007.
