El pleno del Congreso aprobó ayer, con los votos en contra del PP, la reforma del estatuto fiscal, que dará más poder al fiscal general del Estado al eliminar el carácter vinculante del Consejo Fiscal en los nombramientos. Al mismo tiempo obliga a comparecer al candidato a fiscal general ante el Congreso de los Diputados antes de su nombramiento por el Rey y limita su mandato a cuatro años sin posibilidad de renovación. La nueva norma promueve además la descentralización del Ministerio Público mediante la creación de la figura del fiscal superior en las autonomías.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, defendió la norma alegando que adapta el ministerio público al modelo territorial e impide que el Consejo Fiscal "tenga la llave" de los nombramientos.
En conferencia de prensa tras la aprobación de la norma, Bermejo sostuvo que la reforma del estatuto fiscal refuerza la autonomía e independencia del Ministerio Público. A su juicio, resulta necesario que la fiscalía general "actúe con una imagen de autonomía", porque "siempre se denuncia su vinculación con el Gobierno a través del fiscal general". Por ello, dijo, se ha modificado su régimen de nombramiento y cese.
EFICIENCIA Respecto a la creación de la figura del fiscal superior en las autonomías, que viene a sustituir a los fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia, sostuvo Bermejo que permitirán un despliegue territorial "más eficiente", porque "no es razonable que cada fiscal provincial se relacione directamente con el fiscal general del Estado cuando España es un Estado de autonomías".
